A nivel nacional, la corrupción por trámites gubernamentales le costaron a la población casi 25 mil millones de pesos
La corrupción en México no sólo erosiona la confianza ciudadana y las instituciones públicas, también representa un costo económico cada vez mayor para la población y un obstáculo para la competitividad del país.
De acuerdo con el reporte Dinámicas de Corrupción en México, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base en datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, el costo promedio de la corrupción alcanzó los 5 mil 432 pesos por ciudadano afectado, el nivel más alto registrado en la última década.
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El estudio revela que durante 2025 alrededor de 6.9 millones de mexicanos mayores de 18 años experimentaron algún acto de corrupción al interactuar con autoridades o instituciones públicas, principalmente mediante sobornos, mordidas o pagos indebidos para agilizar trámites y servicios.
De ese universo, dos de cada tres personas reportaron una afectación económica directa. En conjunto, el costo nacional de estas prácticas ascendió a 24 mil 886 millones de pesos, cifra que refleja el peso financiero que la corrupción impone a hogares y empresas.
El IMCO advierte que las consecuencias van más allá de las pérdidas monetarias. La corrupción afecta la competitividad al distorsionar los incentivos económicos, incrementar la incertidumbre jurídica y elevar los costos de operación para inversionistas y ciudadanos.
“Los actos de corrupción impactan negativamente la competitividad porque distorsionan los incentivos de los mercados, afectan la certeza jurídica y generan costos para la inversión y la economía”, señala el organismo.
RÉCORD EN UNA DÉCADA
En términos reales, el costo promedio de la corrupción aumentó 709 pesos respecto a la medición de 2023, convirtiéndose en el monto más elevado desde que existen registros comparables.
Para el IMCO, este incremento refleja problemas persistentes de eficiencia institucional y evidencia que los ciudadanos continúan enfrentando barreras y pagos indebidos para acceder a servicios públicos.
La organización subraya que estos costos también se traducen en una menor confianza hacia las autoridades y en un deterioro del Estado de derecho, factores que reducen la capacidad del país para atraer inversiones y sostener el crecimiento económico.
CUATRO DE CADA CINCO PERCIBEN CORRUPCIÓN
La percepción ciudadana continúa siendo uno de los principales desafíos. Según la ENCIG 2025, 80% de los mexicanos considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en su entidad federativa, mientras que apenas uno de cada 50 ciudadanos cree que nunca ocurre.
Después de varios años de descenso, la tendencia volvió a revertirse en la medición más reciente.
Las entidades con mayor percepción de corrupción son Michoacán, Baja California y Ciudad de México, donde el indicador alcanza 89%. En contraste, Querétaro registra la percepción más baja del país, con 67%.
El análisis destaca que, aunque algunos estados han logrado avances, la percepción sigue siendo elevada incluso en las entidades que más han mejorado. Es el caso de Guanajuato, que redujo nueve puntos su indicador desde 2013, aunque todavía se ubica entre los diez estados con mayores niveles de percepción.
POLICÍA Y PARTIDOS, LOS PEOR EVALUADOS
La corrupción se asocia principalmente con el contacto directo entre ciudadanos y autoridades.
A nivel nacional, 87% de la población considera que la policía es una institución corrupta, colocándola en el primer lugar de percepción negativa. Le siguen los partidos políticos y los ministerios públicos.
En 28 de las 32 entidades federativas, la policía encabeza la lista de instituciones percibidas como más corruptas, mientras que en las cuatro restantes ocupa el segundo lugar.
PERSISTEN ALTOS NIVELES DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES
La encuesta también estima una tasa nacional de 15 mil 642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, lo que significa que aproximadamente 16% de quienes realizaron trámites, pagos o solicitudes ante autoridades fueron víctimas de algún acto de corrupción.
Los hombres reportaron una incidencia mayor que las mujeres, con tasas de 20% y 16%, respectivamente.
Por entidades, Hidalgo y Oaxaca registraron los niveles más altos de prevalencia, mientras que Colima y Nayarit presentaron los más bajos.
El IMCO advierte que, en un contexto de bajo crecimiento económico y desafíos para la inversión, combatir la corrupción se vuelve una condición indispensable para fortalecer la competitividad nacional.
“Asegurar la integridad en la actuación de las instituciones públicas, fomentar mejores trámites y favorecer la calidad en la interacción Estado-ciudadano permitirá impulsar condiciones favorables para el incremento de las inversiones y el crecimiento económico del país”, concluye el organismo.