El sobrino del ex secretario de Marina denuncia que la presidente lo acusa sin pruebas, mientras que exige a EUA pruebas contra Rubén Rocha. En ambos casos CSP busca lo mismo, proteger al movimiento de AMLO.
“Hay un párrafo de una fuerza devastadora en la carta que el vicealmirante Manuel Farías le envió el domingo a la presidenta Sheinbaum”, escribe en su columna de ayer Ciro Gómez Leyva.
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El marino reclama en el párrafo citado que se le haya vinculado a proceso, “sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo, (nos dice), víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa (la mañanera) un día antes de mi audiencia de vinculación, donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia”.
Si entiendo bien lo que Ciro nos dice en su columna, existe una patente falta de coherencia que se puede percibir en la postura de la presidenta en referencia a lo que el marino reclama para sí, en comparación con lo que ella misma solicita uno y otro día al gobierno de Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia de su cargo, caso en el cual la consigna presidencial consiste en solicitar pruebas, pruebas y más pruebas.
Creo, sin intentar polemizar con el columnista, sino solamente de poner en blanco y negro una reflexión acerca de la realidad y de lo que consideramos “evidente” cada uno de nosotros, que lo que en ocasiones no entendemos quienes somos espectadores de la política, es que cada uno de quienes en ella participan, y a querer o no el Vicealmirante es hoy un actor político de cierta relevancia, buscan alcanzar sus objetivos y no necesariamente los de LA justicia, LA verdad o lo que algunos de los ciudadanos consideremos como tal.
Hace muchos años, en una entrevista con el Lic. Luis M. Farías, le pregunté cuál había sido la diferencia entre el cargo de gobernador de Nuevo León y el de alcalde de Monterrey los cuales había ocupado en ese orden.
Su respuesta fue contundente, me dijo que como gobernador nunca cuestionó el hecho de que la constitución señalara que la ciudad capital no debería contar con fuerza pública, excepto la necesaria para cuidar sus edificios, mientras que como alcalde entendió que la policía en una ciudad como la capital nuevoleonesa era necesaria, me dijo, en pocas palabras, “es muy diferente cómo entiendes la realidad dependiendo de dónde estés parado”. Una lección condensada de hermenéutica.
Este puede ser el asunto en ambos expedientes, en el del marino, el objetivo sería darle un cierre al caso, por lo demás escandaloso, del huachicol fiscal sin afectar la imagen de la estructura gubernamental de primer nivel, en tanto que en el de Rocha Moya el objetivo sería evitar que sus consecuencias manchen al movimiento que encabeza la presidenta. Por su parte, el Vicealmirante busca obtener su libertad y su absolución.
Más o menos como el aficionado a cuyo equipo se le marca un tiro penal en el minuto 90, el cual puede echar a perder toda la temporada o el torneo, este seguramente encontrará argumentos para justificar que la falta no amerita la marcación de un penal, recordemos el caso de la selección mexicana contra Países Bajos en Brasil, el famoso “no era penal”, en tanto que el del equipo contrario nos dará mil y un argumentos para asegurar que sí lo era, empezando porque, como dice Jorge Campos, “el árbitro lo marcó”.
Al final, como lo decía Campoamor “en este mundo traidor, nada es verdad, ni mentira, todo depende del color del cristal con qué se mira”.
Juan Palacios
JUAN PALACIOS es educador de profesión, periodista por vocación. Editorialista en La Moneda, ABC, El Porvenir y Radio Alegría, en Monterrey.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autor, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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