Todo empezó en La Haya

El 6 de junio de 2017, un día después de las turbulentas elecciones para Gobernador, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitió a la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones forzadas y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad».

La coalición relata el clima de terror durante el docenio de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El informe demuestra «la existencia de un ataque contra la población civil», y «de una política de un Estado o de una organización» para llevarla a cabo.

LEE MÁS DEL AUTOR GERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

La FIDH atribuye los delitos contra la humanidad a «Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE, y/o Grupo de Élite, GROM)».

Cinco meses después -el 6 de noviembre-la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó en Ciudad de México el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila», elaborado junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

La institución analiza los testimonios de integrantes de Los Zetas en tribunales federales de Austin, San Antonio y Del Río, entre 2013 y 2016, donde fueron juzgados por los delitos de asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero.

Ese mismo día, el gobernador Rubén Moreira se jactaba ante el Congreso, en su último informe, de haber promovido leyes de vanguardia en materia de derechos humanos.

Antes de dar Moreira su discurso, el diputado Jesús de León Tello (PAN) ya lo había refutado: «El Gobierno concluye con crímenes de lesa humanidad en el Cereso de Piedras Negras, desapariciones en Allende |…] fosas de exterminio como en Patrocinio. |…] somos el tercer lugar a nivel nacional con más feminicidios, ¿y qué resultados hay? Ninguno.

|…] Moreira no gobernó, sus prioridades fueron otras: proteger a su hermano Humberto y a todos sus cómplices [..], permitió el abuso de las fuerzas de seguridad». Sergio Garza Castillo (UDC) acusó: «Fuerza Coahuila se ha dedicado a violentar, extorsionar y abusar de la ciudadanía |..], y los elementos denunciados ante la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos no han recibido castigo alguno».

La primera denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la CPI la presentó el empresario Armando Guadiana Tijerina el 18 de julio de 2016.

«Las autoridades, tanto municipales como estatales, estaban enteradas de los sucesos criminales (…), no actuaron para defender a las víctimas, y nada informaron a la ciudadanía. A unos cuantos kilómetros de Allende se encuentra un cuartel del Ejército mexicano |.] no se explica la razón por la cual no intervino. El estado de Coahuila y el Gobierno de la república mexicana no están dispuestos a llevar una investigación imparcial y mucho menos al enjuiciamiento |..] de ningún funcionario público involucrado en la masacre de Allende y Piedras Negras. El Gobierno se ha lavado las manos con el argumento de que fueron Los Zetas los causantes |…] sin observar que estos actuaron con la complicidad activa de varios cuerpos de seguridad».

Los argumentos de Guadiana coinciden con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) que sacudió a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Guadiana, quien falleció en diciembre de 2023, recriminaba: «En México no se persigue (a Moreira) por ningún delito, mientras en Estados Unidos está investigado y acusado por delitos graves; en España fue apresado por supuesto lavado de dinero y vínculos con Los Zetas» (Proceso, 18.07.16).

El empresario narraba así el terror en Allende: «No se respetó a los niños |.], fueron desaparecidos junto con sus padres y también asesinados. […] Violencia extrema contra infantes que debe motivar la intervención de la Corte Penal Internacional».

Guadiana encabezó una campaña nacional para exigir castigo contra los responsables de la megadeuda, aún impunes.