Restablecer el Fondo Minero

En México, pocas discusiones revelan con tanta claridad la distancia entre el discurso federal y la realidad de los territorios como la desaparición del Fondo Minero. Durante años, este mecanismo permitió que una parte de la riqueza generada por la actividad extractiva regresara a los municipios donde se produce.

No era un privilegio: era un principio elemental de justicia territorial. Sin embargo, desde 2019, los estados y municipios mineros dejaron de recibir esos recursos. Coahuila, uno de los estados con mayor tradición minera del país, ha sido uno de los más afectados.

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Restablecer el Fondo Minero no es un capricho ni una consigna partidista. Es una necesidad económica, social y ética. Y es, sobre todo, una deuda con las comunidades que han cargado por décadas con los costos ambientales, sociales y de infraestructura derivados de la minería, sin recibir a cambio una compensación proporcional.

La lógica del Fondo Minero: un principio básico de corresponsabilidad

Cuando se creó en 2014, el Fondo Minero partía de una premisa sencilla: si la minería genera utilidades privadas a partir de recursos públicos —el subsuelo es propiedad de la Nación—, entonces una parte de esa renta debe regresar a los territorios donde se extrae. No se trataba de un impuesto adicional, sino de un mecanismo redistributivo basado en los derechos especiales sobre minería.

La fórmula era clara:

• 62.5 % para los municipios donde se ubican las concesiones,
• 20 % para los estados,
• 17.5 % para la Federación.

Coahuila recibió entre 2014 y 2017 un total de 706.8 millones de pesos, un promedio anual de 176.7 millones. Esos recursos se destinaron a pavimentación, infraestructura hidráulica, alumbrado, caminos rurales, rehabilitación de espacios públicos y obras que, sin el Fondo, difícilmente habrían sido financiadas.

La desaparición del Fondo: centralización sin justificación territorial

En 2019, el Gobierno Federal decidió centralizar la totalidad de los recursos provenientes de los derechos mineros. El argumento fue que la Federación administraría mejor esos fondos. La realidad es que, desde entonces, los municipios mineros no han recibido un solo peso por este concepto.

Coahuila, que históricamente aportó más del 6 % del total nacional distribuido, dejó de recibir entre 1,237 y 1,500 millones de pesos entre 2019 y 2025, según proyecciones basadas en su participación histórica y en el crecimiento de la recaudación nacional. Es decir, el equivalente a siete años de inversión municipal perdida.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede sostenerse que la centralización mejora la justicia territorial cuando los municipios que generan la riqueza reciben ahora cero?

El impacto real: municipios que pagan los costos sin recibir los beneficios

La minería no es una actividad neutra. Implica desgaste de caminos, presión sobre el agua, afectaciones ambientales, incremento en la demanda de servicios públicos y, en muchos casos, impactos sociales que requieren atención institucional. Antes de 2019, el Fondo Minero funcionaba como un mecanismo de compensación mínima.

Hoy, municipios como Torreón, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Sabinas o Sierra Mojada enfrentan los mismos costos, pero sin los recursos que antes ayudaban a mitigarlos. La Federación sigue recaudando los derechos mineros; los municipios siguen absorbiendo los impactos; pero la redistribución desapareció.

No hay ecuación más injusta.

Restablecer el Fondo Minero: razones económicas, federales y éticas

Primero, por razones económicas: los municipios mineros requieren infraestructura para sostener la actividad productiva. Sin caminos, agua, energía y servicios, la minería no opera. Restablecer el Fondo es invertir en la continuidad de la propia industria.

Segundo, por razones federales: México es una República, no una administración centralizada. La riqueza generada en los territorios debe regresar a ellos. La desaparición del Fondo Minero rompió un equilibrio básico entre Federación, estados y municipios.

Tercero, por razones éticas: ningún territorio debe ser tratado como zona de sacrificio. Si la Nación obtiene beneficios de la minería, los municipios que la sostienen deben recibir una parte justa.

Una agenda para el futuro

Restablecer el Fondo Minero no significa volver exactamente al modelo anterior. Significa reconstruir un mecanismo que:

• garantice transparencia en la asignación y uso de los recursos,
• asegure participación municipal en la definición de proyectos,
• y reconozca que la minería genera costos que deben ser compensados.

Coahuila tiene la autoridad moral y la legitimidad histórica para encabezar esta discusión. No pedimos privilegios: exigimos justicia territorial.

Porque ningún estado minero puede sostener indefinidamente una actividad que genera riqueza nacional mientras recibe, a cambio, silencio presupuestal.

Y porque la minería, como toda actividad económica, debe ser un pacto entre la Nación y los territorios. Hoy ese pacto está roto. Es momento de repararlo.