Crisis humanitaria

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU no enjuicia al Estado ni al Gobierno de signo partidista alguno por la crisis humanitaria en México, pero enfatiza las causas que la provocan y «la falta de avances efectivos en la implementación de las recomendaciones formuladas en sus observaciones».

Pone de relieve la escasa voluntad política en los tres niveles de Gobierno para prevenir y erradicar el fenómeno, combatir la impunidad y promover leyes y mecanismos que protejan a la población civil, no sólo de los delincuentes, sino incluso de las fuerzas de seguridad.

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Subraya la necesidad de castigar a funcionarios, policías y criminales coludidos.
La impunidad estructural alienta la reproducción de las desapariciones у causa zozobra para las víctimas y las organizaciones acompañantes, dice en su informe de visita de
2021.

EI CED advirtió desde 2015 de un «contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como […] forzadas».

Tres años después la situación era la misma, no obstante la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. El órgano de expertos independientes «expresó preocupación» porque la legislación no tipificaba el delito de crimen de lesa humanidad como establece la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (Cipped).

Urgió al Estado a «asegurar que la responsabilidad penal del superior jerárquico se reconociera en todos los casos de desaparición forzada». Para investigar y sancionar las desapariciones, recomienda «fortalecer los mecanismos de cooperación judicial, tanto nacional como internacionales».

Entre los hallazgos y recomendaciones de la inspección realizada en 2021, el CED destaca la misma «situación generalizada de desapariciones, con casi total impunidad».
Hasta ese momento -observa-«sólo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional», según datos oficiales.

Sobre los testimonios de desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, a empresas de seguridad privada y a «grupos delictivos que actuaban con la aquiescencia de funcionarios de los tres niveles de Gobierno», el CED recuerda: «los Estados son responsables de las desapariciones cometidas por sus servidores públicos y por las personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, incluso cuando se trate de organizaciones criminales o paramilitares».

En el marco de la visita de 2021, el CED transmitió al Estado mexicano 84 recomendaciones específicas, las cuales dividió en dos categorías. En «Condiciones mínimas para una política nacional» propone, entre otros puntos, considerar «criterios de responsabilidad de los servidores públicos […], erradicar las causas estructurales de la impunidad |…] y abandonar el enfoque de la militarización de la seguridad pública».

Entre las prioridades de esa política, destaca la urgencia de «remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; atender debidamente a las |..] ocurridas en el contexto migratorio (…] y facilitar los procesos de búsqueda, investigación y memoria relacionados con los casos de larga data».

EI CED celebró en 2023 la creación de fiscalías en todos los estados. Sin embargo los avances fueron nulos, pues «la investigación y persecución penal de la desaparición forzada continuaban sin ser priorizadas».

En su informe de este año, el CED reconoce la promulgación de leyes y políticas para afrontar las desapariciones forzadas y permitir su investigación, pero advierte que aún «no se ha hecho rendir cuentas a los responsables de alto nivel».

El Gobierno aduce que la impunidad también respondería a la existencia de corrupción, en particular por parte de la judicatura local y los gobiernos estatales, lo que impediría investigaciones genuinas».