Desde hace varias décadas, autoridades norteamericanas han procesado a mexicanos por vínculos con el narco, esa cacería ‘revive’
La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sacudió este martes a la clase política mexicana y reavivó uno de los capítulos más delicados en la relación bilateral: los expedientes de presuntos vínculos entre poder público y narcotráfico.
Washington señaló al mandatario sinaloense, al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y a otros ocho funcionarios o exfuncionarios estatales por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas, armas y otros delitos conexos.
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Se trata de una acusación sin precedentes recientes contra un gobernador en funciones. Según la fiscalía estadounidense, Rocha Moya habría participado en una conspiración para facilitar el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a territorio estadounidense, además de proteger a líderes criminales de investigaciones y detenciones.
El gobernador rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que se trata de imputaciones “sin veracidad ni fundamento”.
El caso escala la presión sobre México en momentos en que Estados Unidos endurece su narrativa de seguridad y combate a los cárteles, luego de haber catalogado al Cártel de Sinaloa como organización terrorista.
Pero también revive una larga lista de exgobernadores, secretarios de Estado, fiscales y figuras políticas mexicanas que terminaron detenidos, extraditados o procesados en cortes estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.
LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS
Genaro García Luna
Exsecretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Fue detenido en 2019 en Texas. En 2023 fue declarado culpable en Nueva York por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y en 2024 sentenciado a más de 38 años de prisión. Es el funcionario mexicano de más alto nivel condenado en EU por narcotráfico.
Salvador Cienfuegos
Exsecretario de la Defensa Nacional. Fue detenido en Los Ángeles en 2020 acusado por la DEA de proteger al grupo criminal H-2. El caso detonó una crisis diplomática. Semanas después, EU retiró los cargos y lo repatrió a México, donde fue exonerado.
Mario Villanueva Madrid
Exgobernador de Quintana Roo. Fue capturado en 2001, extraditado en 2010 y sentenciado por lavado de dinero ligado al Cártel de Juárez. Fue uno de los primeros gobernadores mexicanos procesados por narcotráfico en Estados Unidos.
Tomás Yarrington
Exgobernador de Tamaulipas. Detenido en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos en 2018. Fue acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas, así como de lavado de dinero. Cumplió condena y posteriormente fue deportado a México.
Edgar Veytia
Exfiscal de Nayarit, detenido por el FBI en 2017 en California. Fue acusado de traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana mientras ocupaba uno de los cargos más poderosos del estado. Se declaró culpable y fue sentenciado en EU.
Rubén Zuno Arce
Político jalisciense y cuñado del expresidente Luis Echeverría. Fue condenado en Estados Unidos por su implicación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, caso emblemático de los años 80. Murió preso en un penal de Florida.
¿QUÉ CAMBIA CON ROCHA MOYA?
La diferencia central es que Rocha Moya no es un exfuncionario ni un político retirado: es gobernador en funciones de una entidad clave para el narcotráfico mundial y para la historia del Cártel de Sinaloa.
Además, la acusación lo señala de haber permitido que “Los Chapitos” consolidaran control sobre corporaciones policiales y estructuras estatales a cambio de sobornos, algo que elevaría el caso de corrupción individual a captura institucional.
El expediente también tiene implicaciones electorales y partidistas. Rocha Moya es uno de los gobernadores más visibles de Morena y la acusación impacta al oficialismo en plena disputa política nacional.
Sinaloa, además, es símbolo histórico del poder narco en México. Desde esa entidad surgieron algunas de las figuras criminales más conocidas del continente y hoy sigue siendo epicentro del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Más allá del desenlace judicial, la señal política es clara: Estados Unidos está dispuesto a perseguir no sólo a capos, sino también a figuras públicas mexicanas presuntamente vinculadas al crimen organizado.
Con la imputación contra Rocha Moya, la narcopolítica vuelve al centro del debate binacional y abre una nueva etapa de tensión entre justicia, soberanía y cooperación en seguridad.