Ante la falta de justicia, la única vía para sancionar a los gobiernos y a sus partidos, es con votos. Sobre todo en casos de corrupción. La exdiputada del PRI, Roxana Cuevas, lo plantea así en una entrevista con Gerardo Moyano (Espacio 4, 634).
“Ser omiso es ser cómplice”, dice Roxana Cuevas sobre el nulo avance que han tenido las investigaciones sobre el desfalco de mil 300 millones de pesos en la Sección 38 del SNTE. Cuevas es miembro de la Coalición de Trabajadores de la Educación (CTE), la cual viene denunciando las irregularidades en la Sección 38 desde 2010.
“Entrevistada luego un acuerdo que firmó la CTE con la Federación para que se garantice el rescate de las pensiones que adeuda el Estado a los trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Cuevas advierte que esperan que el Gobierno de Miguel Riquelme se acople a la lucha anticorrupción que lleva adelante el Gobierno Federal. De lo contrario, los maestros pasarán factura en las urnas.
“Los maestros son la parte más sensible, más noble del estado de Coahuila, pero la nobleza tiene un límite (…) si no se hace nada para corregir el rumbo, va a haber un cobro de factura de aquí en adelante”, señala.
“Desde antes de 2010, empezamos a denunciar que había irregularidades en el manejo de los recursos de las instituciones de seguridad social. Presumíamos y tenemos la duda fundada de que había recursos suficientes para brindar el servicio médico, ya no se diga de calidad, pero el básico. Sin embargo, empezamos a observar que se trasladaban equipos médicos a algún lado. Desde entonces, el servicio médico, que era de los mejores que tuvimos en el estado, fue en decadencia.
“Por eso en 2011 pedimos que se empezara a auditar. Después de unos plantones que hicimos, el gobernador Rubén Moreira se comprometió a hacer auditorías externas, pero no vimos los resultados. Hasta ahora estamos viendo que la ASE detectó irregularidades.
“Nosotros queríamos despachos externos, para que no nos dieran datos simulados. Finalmente se hicieron algunas auditorías a partir de 2016, en las que aparecen déficits que no se han solventado y no se han fincado responsabilidades por el manejo irregular de lo aportado por los trabajadores y las instituciones.
“Esto nos ha afectado de manera muy grave, por falta de atención y el desbasto de medicamentos. Y sospechamos que hay conflictos de intereses con instituciones que están ligadas a los líderes de la Sección 38, las cuales tienen suculentos contratos. Algunos sin licitaciones o con procesos no adecuados. Todo esto lo venimos diciendo desde 2010 y ahorita estamos viviendo la debacle, porque no se le pusieron atención a las demandas.
“Tiene que haber piso parejo. Si por 60 millones (en la Sección 5) están llevando a cabo todas estas acciones, pues imagínese todo lo que debería estarse haciendo por mil 300 millones. No nos convence el hecho que digan que la ley (corrupción como delito grave) no les aplica porque son antes de 2018. La verdad es que para fincar responsabilidades no necesitan más que aplicar la ley anterior y la actual.
“Si esto significa un problema político para el Gobierno del Estado, lo lamentamos mucho los trabajadores, pero tienen que poner orden. Solo así puede resolverse en gran medida el problema de las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación. Si no se hace ahorita es que hay complicidad, así de fácil. La omisión ante hechos claros es complicidad. Si hay corrupción, que se actúe”. (Texto completo en: http://www.espacio4).
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