Entre 2022 y 2026, este delito se ha incrementado 96%, en contraste con la tendencia nacional que se ha estancado
Coahuila se colocó como el segundo estado con más casos de amenazas en el país, sólo por debajo de la Ciudad de México, al registrar 3 mil 678 denuncias en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El dato confirma un repunte acelerado de este delito en la entidad, que ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años. En 2022 se contabilizaron mil 875 casos; para 2023 subieron a 2 mil 225; en 2024 hubo una ligera baja a 2,012; sin embargo, en 2025 repuntaron a 2 mil 817 y para 2026 alcanzaron su nivel más alto con 3 mil 678 denuncias.
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Este incremento contrasta con la tendencia nacional, donde las amenazas prácticamente se han estancado. A nivel país, los casos pasaron de 31 mil 024 en 2022 a 35 mil 019 en 2023, para luego moderarse a 33 mil 602 en 2024 y mantenerse en 34 mil 388 en 2025 y 34 mil 423 en 2026.
En el comparativo estatal, Coahuila sólo es superado por la Ciudad de México, que reportó 5 mil 325 casos en el mismo periodo. Detrás se ubican entidades como Guanajuato (3 mil 572), Jalisco (2 mil 337) y Veracruz (mil 684), lo que evidencia la magnitud del fenómeno en territorio coahuilense.
El contraste es aún más marcado frente a estados vecinos como Nuevo León, donde las amenazas han ido a la baja. En esa entidad, los casos pasaron de mil 828 en 2022 a apenas 718 en 2026, menos de una quinta parte de lo registrado en Coahuila.
Otras entidades con cifras relevantes incluyen Michoacán (mil 312), Morelos (mil 281), Puebla (mil 232) y Tabasco (mil 185), aunque todas se mantienen muy por debajo del nivel observado en Coahuila.
El comportamiento de este delito en la entidad refleja un crecimiento que supera por amplio margen la media nacional y que lo posiciona como uno de los principales focos de incidencia en el país. En términos absolutos, Coahuila concentra más del 10% de los casos registrados a nivel nacional en el arranque de 2026.
El aumento de amenazas —un delito que suele estar vinculado a conflictos personales, extorsión o intimidación— plantea nuevos retos en materia de seguridad y procuración de justicia, en un contexto donde otros indicadores delictivos han mostrado comportamientos distintos en la región.