Román: La sucesión (II)

En esta segunda entrega examino a los tres aspirantes restantes para suceder a Román Cepeda: Miguel Mery, Eduardo Olmos y Miguel Riquelme. Para evaluarlos, mantengo los seis indicadores de la entrega anterior: (1) percepción del empresariado, (2) gobernabilidad interna, (3) gobernabilidad externa, (4) presencia territorial y relación con el partido, (5) percepción ciudadana y (6) coordinación con el gobierno estatal.

La relación de Mery con el empresariado lagunero es ambivalente: obtiene apoyos en sectores concretos –especialmente entre los de ascendencia árabe–, pero la valoración global es negativa. Se cuestiona la congruencia entre sus ingresos públicos y el nivel de vida que proyecta; una columna reciente en Saltillo aludió a indagatorias de la UIF y la FGR por presuntas adquisiciones inmobiliarias y de terrenos a su nombre.

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Con esos elementos, Mery no supera el primer indicador, clave para la aceptación del sector privado y, en particular, del gobernador.

En lo institucional, su trayectoria como director de Desarrollo Social, secretario del Ayuntamiento y primer regidor le da solvencia para garantizar la gobernabilidad interna, por lo que aprueba el segundo indicador.

Sin embargo, falla en la gobernabilidad externa, que exige interlocución amplia y confiable con actores del PRI y de la oposición: compromisos incumplidos durante su gestión como secretario del Ayuntamiento (2010-2013), su prematura intención de posicionarse como sucesor de Román y su prolongada estancia en Saltillo erosionaron su cercanía, credibilidad y confianza, atributos esenciales del político y de la persona.

Su presencia territorial es limitada y su relación con el PRI municipal se debilitó tras su derrota electoral por la alcaldía en 2017, por lo que tampoco alcanza el cuarto indicador. La percepción ciudadana, alineada con la del empresariado, lo deja fuera del quinto.

El sexto indicador –coordinación con el gobierno estatal– lo aprueba, con el chaleco de Mejora bien puesto, sin importar la independencia exigida por su investidura oficial. En suma, el mejor destino político para Mery es Saltillo, tierra que lo adoptó con generosidad incondicional.

Eduardo Olmos y Miguel Riquelme son políticos profesionales que cumplen los seis indicadores gracias a su experiencia, capacidad operativa e institucionalidad. Riquelme aventaja a Olmos en la percepción del empresariado, resultado de los vínculos forjados durante su alcaldía y su gubernatura. Ambos, no obstante, cuentan con el oficio necesario para garantizar la gobernabilidad interna.

En la gobernabilidad externa, Olmos mantiene una ventaja coyuntural por su capacidad de interlocución con diversos actores del PRI y de la oposición. Riquelme también posee esa habilidad, pero arrastra una carga política que Olmos no comparte: su cercanía con la dirigencia nacional del PRI, relación no bien vista en Coahuila.

En presencia territorial, relación con el PRI municipal, percepción ciudadana y coordinación con el gobierno estatal, los dos están parejos; son operadores políticos, electorales e institucionales probados.

Cualquiera de los dos podría asumir la sucesión y llegar competitivo a la elección municipal en 2027 para enfrentar a dos pesos completos: Luis Fernando Salazar y Ricardo Mejía.

A partir de este diagnóstico, sugiero seis escenarios, sujetos a ajustes quirúrgicos en el equipo actual. 1) Continuidad cepedista 20262027 (A): Luis Cuerda asume la alcaldía de transición mientras la dirigencia priista define la candidatura para 2027. 2) Continuidad cepedista 2026-2030 (B): Felipe González ocupa la alcaldía de transición y toma la candidatura para el siguiente periodo.

3) Continuidad manolista 2026-2030 (A): Miguel Riquelme o Eduardo Olmos asume la transición y encabeza la candidatura de 2027. 4) Continuidad manolista 2026–2027 (B): Surge una figura de un sombrero tejano como alcalde de transición. 5) Continuidad manolista 2027-2030 (C): una carta del manolismo distinta llega como candidata en 2027. 6) Continuidad manolista 2026-2030 (D): un perfil construido desde el círculo cercano al gobernador asume la alcaldía en 2026 y busca refrendar el proyecto en 2027.
La decisión final corresponde al gobernador.

Un cirio pascual permanece encendido. Su luz acompañará su fallo final, cuyo costo o rendimiento recaerá en él, en Torreón y en el futuro político de Coahuila.