El sábado pasado, Miguel Riquelme terminó de presentar su 2º Informe de Gobierno en el Congreso.
En ese momento, el Cártel del Noreste invadía Villa Unión, Coahuila, cuya población no excede los 6 mil habitantes.
Eran las 11:45 de la mañana. De 20 a 30 camionetas con 70 a 150 hombres que portaban armas de grueso calibre llegaron al pueblo.
Balearon la Presidencia Municipal.
Al poco tiempo, 15 policías estatales del Grupo de Reacción se enfrentaron a ellos.
Después, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal cercaban a los sicarios para abatirlos y evitar su escapatoria.
Eran las 13:30 horas. El enfrentamiento continuaba.
A esa hora, Riquelme arribaba a Piedras Negras con el General de la VI Región Militar, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Pública para coordinar las acciones y expulsar al Cártel del Noreste de Coahuila.
Cercados y rebasados en número, los sicarios huyeron por las brechas, y fueron perseguidos sábado y domingo por las fuerzas del Estado.
Esta conflagración dejó 17 sicarios, 4 policías estatales y 2 civiles muertos.
De esta manera, Riquelme lanzó un mensaje claro a AMLO: existe una alternativa institucional para que el Estado ejerza su fuerza legítima y proteja a la sociedad.
No es la fórmula de abrazos no balazos; tampoco, es la violencia como un fin en sí misma.
Es la fuerza del Estado fortalecida por políticas públicas que cortaron de tajo las fuentes de financiamiento del crimen organizado; establecieron una férrea coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, y edificaron una infraestructura militar con 10 cuarteles militares con 6 mil soldados.
Con este blindaje militar, Riquelme impulsa como Política de Estado un Plan Estatal de Derechos Humanos arropado por la ONU, para equilibrar la fuerza militar con el respeto irrestricto a los DH de los coahuilenses.
¿Habrá entendido AMLO la contundencia del golpe de Riquelme, desde la fortaleza del Estado, para revalorar la ausencia de una política estratégica en seguridad pública para el País?
Ojalá.