Teoría que inverosímil

El caso Colosio lo cerró Luis Raúl González Pérez -cuarto fiscal encargado de las investigaciones en septiembre del 2000, cuando el PRI ya había perdido la Presidencia.

La «conclusión legal» dice que «Mario Aburto Martínez fue el autor de los dos disparos que recibió Luis Donaldo Colosio Murrieta, el homicidio se perpetró con una sola arma de fuego y la bala encontrada en el lugar de los hechos fue disparada por esa arma».

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La «coparticipación de personajes políticos y del crimen organizado», los testimonios en torno a los contactos de Aburto con grupos contrarios al PAN, que entonces gobernaba Baja California, y la tesis de la conjura, primera en plantearse a los mexicanos, fueron descartados tanto por falta de pruebas jurídicas como por «contradictorias e inconsistentes».

Si acaso no existió «acción concertada» para eliminar al candidato presidencial del PRI, quien se había convertido en una amenaza para el régimen, claramente la hubo para borrar la idea del complot, aunque al final la afianzó.

Para la Fiscalía Especial de la PGR, señalar al Gobierno de Salinas de Gortari como instigador del crimen es un mito.

En «El crimen y sus circunstancias» (tomo I del Informe de la Investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio), se lee: «(En las investigaciones) ciertamente hubo errores, más por presión social y precipitación que por intención deliberada, pero que desafortunadamente contribuyeron, posteriormente, a aumentar el mar de inquietudes y dudas».

El dictamen desacredita al segundo fiscal del caso -nombrado por el presidente Ernesto
Zedillo-, quien detuvo a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del segundo de a bordo en el PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

«La llegada del subprocurador Pablo Chapa dio otro cariz a las investigaciones, en un sentido negativo. Estilos poco ortodoxos de investigación contribuyeron aún más al descrédito y al deterioro de las investigaciones. Los tumbos habidos en las indagaciones oficiales, en algunos casos por haber asumido posiciones contradictorias y en otros por haber sostenido hipótesis sin sustento, generaron, con razón, mayor recelo social».

González Pérez interrogó al expresidente Salinas de Gortari sobre el caso el 28 de noviembre de 1996, en Dublín, donde se había exiliado.

En su informe, el fiscal advierte que «La politización del caso, la constante especulación periodística y la aparición de investigadores privados carentes de seriedad, contribuyeron también a que el mismo fuera una constante noticiosa, que si bien se constituyó en una presión para el avance de las investigaciones, a la par representó una gran carga para la misma, que terminó por enredarse en una vorágine de confusiones y dudas».

El documento señala que, por otro lado, «se había dado curso a un proceso declarativo de hipótesis, sospechas у hasta afirmaciones, que lejos de ponerse del conocimiento del Ministerio Público, encontraban cauce en caminos en donde, desde luego, la exigencia de pruebas era lo menos importante.

En algunos casos, cuando se estuvo ante el Ministerio Público, la afirmación se convirtió en mera sospecha, y la sospecha en una hipótesis posible o tan sólo en una conjetura.

|..] En unos más, desde la cómoda trinchera del comentario ‘en corto’, se arguyó poseer datos que no se hacían del conocimiento de la autoridad por desconfianza en las investigaciones».

El caso se resolvió, según el informe, porque la autoridad retomó el control de las investigaciones, equilibró el sigilo, contuvo «el caudal especulativo» e informó sólo de «investigaciones concluidas debidamente sustentadas».

Treinta y dos años después del asesinato de Colosio, las miradas no han dejado de dirigirse hacia quienes, en 1994, manejaban todos los hilos del poder y el
sistema judicial.