En esta red denunciada por la FGR, hay cuatro empresas con vínculos con la región y al menos 11 personas
Coahuila y Nuevo León aparecen como piezas centrales en la presunta red de huachicol fiscal por la que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel.
De acuerdo con la resolución judicial, al menos 11 de los 25 imputados tienen vínculos empresariales o de residencia en Saltillo y Monterrey, mientras que cuatro de las 11 compañías presuntamente utilizadas para la operación fueron constituidas o tienen una estrecha relación con ambas entidades.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NL, entre líderes en huachicol; Coahuila encabeza baja en los casos
La investigación federal sostiene que la organización habría utilizado una estructura corporativa integrada por 11 empresas para introducir al país cargamentos de diésel sin los permisos correspondientes, mediante operaciones que incluyeron 163 ferrotanques y al menos cinco embarques marítimos, además de detectar inconsistencias en documentación aduanera y diferencias entre la mercancía declarada y la inspeccionada.
La presencia regional se refleja en las empresas señaladas por la FGR, de acuerdo con datos oficiales del Registro Público del Comercio.
Entre las compañías señaladas están: Mapror de Hidrocarburos S.A de C.V., constituida en Monterrey y vinculada con varios regiomontanos incluidos en la orden de aprehensión. Esta empresa es señalada por sus nexos con Lambrucar S.A. de C.V., firma con vínculos en Querétaro y Puebla, en la que participaron empresarios regios señalados en la acusación.
Estas dos empresas son acusadas por formar parte de la dispersión de recursos mediante pagos simulados.
Otra es Descargas Ferroviarias del Norte, registrada en Monterrey, aunque su acta constitutiva fue formalizada ante un notario público de Saltillo.
A estas se suma Internacional de Fundentes, constituida en Saltillo en 1979.
11 PERSONAS ALLEGADAS A LA REGIÓN
Entre las personas con orden de aprehensión: se encuentran el agente aduanal Juan Hermilo N. y su dependiente aduanal Luis Antonio N., ambos detenidos en Monterrey; Javier N., fundador de dos empresas constituidas en la capital regiomontana; Óscar Mauricio N., apoderado legal de Mapror Hidrocarburos; José Luis N., representante legal de esa misma empresa; y Carlos Xavier N., quien fue accionista tanto de Mapror de Hidrocarburos como de Lambrucar.
Además, hay empresarios vinculados con Coahuila: Indalecio N., José María N., Eduardo N. y David N.
Con ello, 11 de los 25 presuntos integrantes de la red tienen una relación directa con Coahuila o Nuevo León.
La orden de aprehensión fue emitida el pasado 13 de julio por una jueza federal con sede en el Estado de México, derivada de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
De acuerdo con la carpeta de investigación, Ernesto Ruffo Appel aparece como accionista de la empresa Ingemar desde octubre de 2018. No obstante, la resolución judicial precisa que el expediente no detalla cuál habría sido su intervención directa en la presunta red de contrabando de hidrocarburos.
La FGR sostiene que la estructura empresarial era utilizada para importar diésel sin los permisos correspondientes y simular operaciones mediante una red de 11 compañías, lo que derivó en las órdenes de aprehensión contra 25 personas.