Mientras Nuevo León es cuarto lugar nacional, en su vecina entidad se reporta una caída de más de 70% de tomas clandestinas
Monterrey, NL.- Mientras el robo de hidrocarburos mantiene una tendencia creciente en México, Nuevo León se consolidó entre las entidades con mayor incremento de tomas clandestinas durante el primer trimestre de 2026, en contraste con Coahuila, que registró la mayor reducción entre los estados con incidencia relevante en este delito.
Así lo revela el más reciente reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), el cual advierte que el fenómeno del llamado huachicol continúa expandiéndose en el país, impulsado por la persistencia de la oferta y la demanda ilícitas.
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Durante el primer trimestre del año se detectaron 2 mil 563 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos a nivel nacional, frente a 2 mil 444 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 4.87 por ciento. En promedio, en México se localizó una nueva perforación ilegal cada 51 minutos con 27 segundos.
El análisis del observatorio ciudadano señala que únicamente diez entidades federativas incrementaron sus registros respecto al año anterior, entre ellas Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Puebla, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Veracruz, lo que confirma una tendencia nacional al alza.
Nuevo León reportó 186 tomas clandestinas entre enero y marzo de 2026, frente a 154 del mismo periodo de 2025, equivalente a un aumento de 20.78 por ciento. Con ello se ubicó como la cuarta entidad con mayor número de perforaciones ilegales en el país, sólo detrás de Hidalgo (731), Jalisco (578) y Estado de México (189).
Las cifras significan que en territorio neoleonés se detectó una toma clandestina cada 11 horas con 46 minutos, una frecuencia que coloca al estado entre los principales focos de este delito.
En contraste, Coahuila registró una de las mayores caídas del país. El estado pasó de 107 tomas clandestinas en el primer trimestre de 2025 a sólo 30 en el mismo periodo de 2026, una reducción de 71.96 por ciento, la mayor disminución porcentual entre las entidades con un volumen significativo de casos.
Con este resultado, en Coahuila se identificó una perforación ilegal aproximadamente cada tres días y una hora, muy por debajo del ritmo observado un año antes.
El IGAVIM destaca que las mayores reducciones porcentuales en el periodo correspondieron a Coahuila, Sonora y Tabasco, mientras que las tendencias de crecimiento más marcadas continúan concentrándose en Hidalgo, Estado de México, Puebla y Baja California.
A pesar de la disminución estatal, Coahuila mantiene presencia dentro de los municipios con registros de tomas clandestinas. Durante el primer trimestre del año, General Cepeda encabezó la incidencia estatal con 12 perforaciones ilegales, seguido por Parras, con 11, y Ramos Arizpe, con cinco.
En Nuevo León, el fenómeno permanece concentrado en varios municipios del área metropolitana y del corredor industrial. García fue el municipio con mayor incidencia, al contabilizar 59 tomas clandestinas, ubicándose entre los diez municipios con más casos del país.
Le siguieron Santa Catarina, con 45; General Escobedo, con 24; Cadereyta Jiménez, con 23; Montemorelos, con ocho; Apodaca, con siete; El Carmen, con seis; Pesquería, con cinco, y Linares, también con cinco.
De acuerdo con el observatorio, nueve municipios de Nuevo León aparecen entre los 100 municipios con mayor número de tomas clandestinas del país, sólo por debajo de Hidalgo, que concentra 21 municipios; Guanajuato y Jalisco, con 11 cada uno, y Estado de México, con 10.
El informe advierte que el problema no debe medirse únicamente por el número de perforaciones ilegales, sino también por los riesgos que representan para la población, el daño ambiental y la consolidación de redes económicas y criminales que continúan obteniendo beneficios del robo de combustibles.
Asimismo, subraya que el comportamiento observado durante el inicio de 2026 demuestra que no existen condiciones favorables para reducir de manera sostenida este delito, ya que persisten los incentivos económicos y la demanda del mercado ilícito, factores que mantienen activa la extracción ilegal de hidrocarburos en diversas regiones del país.