En Coahuila, más del 60% arrancan sin una persona asegurada
Mientras Nuevo León encabeza a nivel nacional la proporción de carpetas de investigación iniciadas con una persona detenida, en Coahuila más de seis de cada diez investigaciones comienzan sin que exista un probable responsable asegurado, de acuerdo con el estudio “Radiografía de las Fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”, elaborado por la organización México Evalúa.
Con base en información de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) del INEGI, el reporte analiza la forma en que las fiscalías del país inician sus carpetas de investigación, diferenciando entre aquellas que comienzan con una persona detenida —generalmente asociadas a casos de flagrancia— y las que inician a partir de una denuncia sin detenido.
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Los resultados colocan a Nuevo León en el primer lugar nacional, con 77.0 por ciento de sus investigaciones iniciadas con una persona imputada y 23.0 por ciento sin detenido.
Se trata de la proporción más alta del país y más del doble del promedio nacional, que se ubicó en 33.7 por ciento de los casos iniciados con detenido.
En contraste, Coahuila reportó que apenas 38.6 por ciento de sus carpetas comenzaron con una persona imputada, mientras que 61.4 por ciento arrancaron sin detenido, porcentaje superior al promedio nacional de 59.9 por ciento.
La entidad se ubicó así en la mitad de la tabla nacional, lejos de los estados donde predominan los casos derivados de detenciones en flagrancia.
NORTE DOMINA LOS CASOS POR FLAGRANCIA
El estudio identifica una fuerte presencia de entidades del norte entre las fiscalías que más dependen de detenciones para iniciar investigaciones.
Además de Nuevo León, destacan Sonora con 73.7 por ciento, Durango con 67.9 por ciento, Baja California Sur con 65.4 por ciento, Tamaulipas con 63.7 por ciento y Chihuahua con 61.8 por ciento.
Según México Evalúa, estas cifras funcionan como un indicador indirecto de la proporción de casos que llegan a las fiscalías a partir de detenciones en flagrancia realizadas por corporaciones policiales.
Sin embargo, la organización advierte que una elevada proporción de investigaciones iniciadas con detenido no necesariamente implica una mejor procuración de justicia.
“Que los casos inicien por flagrancia pareciera ser una buena señal del trabajo policial”, señala el informe, aunque precisa que ese desempeño debe contrastarse con la legalidad de las detenciones que posteriormente revisan los jueces de control.
EL RETO DE INVESTIGAR SIN DETENIDO
Para Coahuila, el principal desafío se encuentra en las investigaciones iniciadas a partir de denuncias donde no existe una persona detenida.
De acuerdo con México Evalúa, en estos casos resulta fundamental evaluar qué ocurre posteriormente con las carpetas: cuántas son archivadas, cuántas permanecen abiertas sin resolución y cuántas logran avanzar hasta obtener órdenes de aprehensión o judicializaciones.
El reporte subraya que una orden de aprehensión representa un primer filtro judicial superado, pues implica que existen elementos suficientes para justificar la presentación del probable responsable ante un tribunal.
Por ello, una de las estrategias sugeridas para reducir el rezago en las investigaciones consiste en fortalecer los programas de cumplimiento de órdenes de aprehensión pendientes.
GRANDES DIFERENCIAS ENTRE FISCALÍAS
La disparidad entre estados es notable. Mientras Nuevo León inicia más de tres cuartas partes de sus investigaciones con una persona detenida, entidades como Hidalgo (4.3 por ciento), Michoacán (5.7 por ciento), Ciudad de México (9.3 por ciento) y Aguascalientes (9.6 por ciento) registran porcentajes inferiores al 10 por ciento.
A nivel nacional, el promedio fue de 33.7 por ciento de investigaciones iniciadas con detenido, 59.9 por ciento sin detenido y 1.4 por ciento de casos mixtos. Los datos reflejan dos modelos distintos de operación entre fiscalías: aquellas cuya carga de trabajo proviene principalmente de detenciones en flagrancia y aquellas que dependen en mayor medida de denuncias ciudadanas que requieren investigaciones posteriores para identificar y localizar a los respons