El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó el acuerdo estatal “Cero Clausuras: Confianza y Legalidad para el Desarrollo”, una iniciativa enfocada en facilitar la operación y regularización de micro, pequeñas y medianas empresas mediante un esquema de acompañamiento institucional.
Durante el anuncio, el mandatario estatal señaló que el objetivo es brindar a los negocios locales condiciones similares a las que reciben las inversiones extranjeras en materia de facilidades administrativas, incentivos y tiempos de cumplimiento, con el fin de fortalecer la competitividad y el crecimiento económico regional.
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La estrategia contempla que, ante incumplimientos administrativos considerados no graves, las autoridades prioricen acciones preventivas y correctivas, como orientación, advertencias y plazos razonables para regularizarse, dejando la clausura como una medida de último recurso.
En el evento participaron también el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, y la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, quien explicó que el programa busca evitar afectaciones a negocios de bajo impacto que no representen riesgos para la salud o la seguridad.
Asimismo, el Gobierno estatal informó que todas las dependencias participarán en labores de acompañamiento para que las empresas puedan regularizarse en un periodo de hasta un año, como parte de una política de simplificación y formalización empresarial.
El acuerdo forma parte de la estrategia “Nuevo León Cumple”, impulsada por la Secretaría de Economía y la Oficina Ejecutiva del Gobierno estatal, la cual busca consolidar un modelo sustentado en trámites digitales, inspecciones transparentes y combate a malas prácticas administrativas.
Por su parte, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, a través de su presidente Jaime Herrera, respaldó la iniciativa al considerar que permitirá avanzar en la simplificación de procesos y en la formalización gradual de los negocios.
La administración estatal aclaró que el programa no elimina las facultades de inspección ni las sanciones relacionadas con protección civil, salud pública, medio ambiente o seguridad, por lo que las medidas restrictivas continuarán aplicándose en casos de riesgo, reincidencia, delitos o denuncias ciudadanas debidamente sustentadas.
Además, el documento establece mecanismos de corresponsabilidad para las dependencias estatales y contempla sanciones para servidores públicos que incurran en conductas indebidas durante la aplicación del programa.