La transición a la democracia no se explica sin una sociedad y una prensa críticas. Los medios de comunicación y los líderes de opinión independientes siempre serán vistos por los gobiernos como una enemigos, pues exhiben sus imposturas y corruptelas.
Uno de los casos emblemáticos fue la investigación de Aristegui Noticias sobre la casa blanca de Enrique Peña Nieto y de su ahora exesposa Angélica Rivera, adquirida a un contratista gubernamental. El escándalo hizo añicos la imagen del Presidente y su Gobierno, uno de los más venales de la historia. Los 60 mil millones de pesos gastados en medios adeptos fue dinero tirado a la basura.
Otro enemigo de la libertad de expresión es la delincuencia organizada cuya frontera con el poder político muchas veces es inexistente. Pero el mayor de todos es la impunidad, pues, sin castigo, los delitos contra la prensa y la sociedad en general se reproducen.
La ONG Artículo 19 ha documentado 131 casos de reporteros asesinados en México entre 2000 y 2019. Ninguna democracia presenta tales cifras. Nuestro sistema de justicia está diseñado para proteger al poder político y a sus socios en las esferas económica y delincuencial, no para garantizar el estado de derecho.
El caso de Sergio Aguayo es paradigmático. El analista político e investigador de El Colegio de México se ha ocupado de uno de los gobernadores más nefastos del país, en cuyo periodo la deuda de Coahuila aumentó de 330 millones de pesos a más de 36 mil millones –de manera irregular y sin rendir cuentas a nadie sobre el destino del dinero– y se registraron masacres en Allende y Piedras Negras, así como innumerables casos de tortura y desapariciones forzadas.
En respuesta, fue denunciado por difamación y condenado a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por “daño moral”. La justicia al servicio de uno de los acólitos de Peña Nieto.
La reacción ha sido proporcional al tamaño del absurdo. La solidaridad de los medios de comunicación y de organizaciones nacionales e internacionales es con Aguayo, pero la defensa lo trasciende, pues es por la libertad de expresión que nos atañe a todos.
El acoso contra los periodistas y quienes disienten del poder debe terminar. La democracia y la prensa jamás estarán seguras mientras los políticos utilicen el aparato judicial para ocultar sus desmanes, proteger sus riquezas ilegítimas e intimidar a los periodistas y críticos. ¿Quién responderá por el daño causado a millones de coahuilenses durante el moreirato? Porque no solo es Humberto el responsable de la ruina, sino también su hermano Rubén; políticamente no existiría el uno sin el otro.
La actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador en un caso que atenta contra el derecho de expresar libremente ideas y opiniones por todos los medios pertinentes, no corresponde, como en otros temas, a un estadista.
Menos cuando él mismo confronta y cuestiona el papel de los medios de comunicación, en particular los críticos de su Gobierno, y pretende suplantarlos. Si AMLO ocupa hoy el poder se debe, en gran medida, al denuedo y compromiso con la libertad, la justicia y la democracia de periodistas y analistas del tipo de Sergio Aguayo y muchos más. Defender a los Moreira contradice el discurso contra la corrupción y traiciona la confianza de legiones de mexicanos.
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