Uno de los rasgos más preocupantes de cualquier democracia es cuando el poder comienza a convencerse de que la sociedad necesita un árbitro que le diga qué información merece ser escuchada y cuál debe ser descalificada. La discusión sobre la Ley de Protección a las Audiencias ha abierto nuevamente ese debate.
Nadie puede estar en contra de combatir la desinformación, proteger a las audiencias o exigir responsabilidad a los medios. El problema surge cuando esos objetivos se convierten en la justificación para ampliar la capacidad del Estado de intervenir, directa o indirectamente, en el ecosistema informativo.
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La historia demuestra que los controles rara vez permanecen limitados a sus propósitos originales; con frecuencia terminan utilizándose para inhibir voces incómodas.
En los últimos años, el discurso desde el poder ha mostrado una relación cada vez más tensa con la prensa crítica. Las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador marcaron una etapa de confrontación permanente con periodistas y medios de comunicación.
Ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, persiste un debate sobre el papel del gobierno frente a los contenidos informativos. Cuando una presidenta recomienda públicamente no consumir determinado medio de comunicación, como lo hizo con TV Azteca, está ejerciendo su derecho a opinar, pero también envía un mensaje político con un peso que ningún ciudadano común posee.
Cambioclimático y calentamiento global
La mejor respuesta frente a un medio con el que se discrepa no es orientar a la audiencia sobre qué debe dejar de ver, sino confiar en que las personas son capaces de contrastar versiones y formar su propio criterio.
Morena construyó buena parte de su identidad política denunciando que los gobiernos del PRI y del PAN utilizaban el aparato del Estado para influir en los medios, favorecer coberturas y desacreditar voces críticas.
Sin embargo, hoy resulta inevitable advertir que algunas de las conductas que antes se condenaban encuentran paralelos en el ejercicio del poder actual: la descalificación constante de periodistas, la polarización entre medios “afines” y “adversarios”, y el impulso de reformas que despiertan preocupación entre organizaciones periodísticas y sectores de la sociedad por su posible impacto en la libertad de expresión.
La libertad de prensa nunca ha significado ausencia de responsabilidades. Los medios deben responder por información falsa, difamatoria o que vulnere derechos conforme al marco legal vigente. Pero existe una diferencia fundamental entre exigir responsabilidades posteriores y crear mecanismos que puedan influir sobre el contenido editorial o generar incentivos para la autocensura. Esa línea es demasiado delicada para dejarla sujeta a interpretaciones amplias de cualquier autoridad, independientemente del partido que gobierne.
La democracia no se fortalece cuando todos escuchan la misma versión de los hechos. Se fortalece cuando existen muchas voces, incluso aquellas que incomodan al poder.
Los ciudadanos no necesitan que un gobierno decida qué medio merece credibilidad ni qué opinión resulta aceptable. Necesitan acceso a la mayor cantidad posible de información para ejercer libremente su juicio.
Porque el verdadero riesgo para una sociedad no comienza cuando aparecen medios críticos. Comienza cuando el poder, convencido de tener la razón moral, pretende convertirse en el filtro de lo que los ciudadanos deben leer, escuchar o mirar. Ningún gobierno debería aspirar a ese papel.
La libertad de expresión no se protege cuando beneficia a quienes gobiernan; se protege precisamente cuando garantiza el derecho de escuchar también aquello que el poder preferiría no tener que enfrentar.
JÉSSICA ROSALES
Periodista con 20 años de experiencia en distintos medios de Coahuila.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autora, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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