En contraste, ambas entidades tienen los más altos porcentajes en satisfacción por la gratuidad en la educación
Coahuila y Nuevo León se ubicaron entre las entidades con menor nivel de satisfacción ciudadana con los servicios de educación básica en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y analizados por México Social.
Mientras a nivel nacional el 51.9 por ciento de las personas usuarias de hogares con estudiantes de educación pública obligatoria se declaró satisfecha con los servicios educativos, en Coahuila el indicador fue de apenas 44 por ciento y en Nuevo León descendió a 35.1 por ciento, uno de los porcentajes más bajos del país.
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Con este resultado, Nuevo León ocupó el penúltimo lugar nacional, sólo por encima de Oaxaca, que registró una satisfacción de 27.8 por ciento. Coahuila también quedó por debajo del promedio nacional, ubicándose entre las 12 entidades con peor evaluación ciudadana.
El análisis de México Social advierte que estos resultados reflejan una crisis educativa silenciosa y persistente, en la que la percepción sobre la calidad de los servicios públicos continúa marcada por profundas desigualdades territoriales.
Según la ENCIG, en México existen alrededor de 14.6 millones de personas mayores de 18 años que viven en hogares donde al menos un integrante utiliza los servicios de educación pública obligatoria, desde preescolar hasta bachillerato. De ellas, únicamente 7.55 millones, equivalentes al 51.9 por ciento, manifestaron estar satisfechas con el servicio recibido.
Ello implica que prácticamente uno de cada dos hogares usuarios considera que la educación pública presenta deficiencias importantes.
El contraste entre entidades es considerable. Baja California encabezó la clasificación nacional con 77.2 por ciento de satisfacción, seguida por Sonora (75.2), Ciudad de México (75.1) y Baja California Sur (73.1). En el extremo opuesto se ubicaron Oaxaca (27.8), Nuevo León (35.1), Morelos (35.4), Puebla (35.6), Michoacán (36.8), Tabasco (37.2) y Tlaxcala (37.3).
México Social señala que estas diferencias evidencian que el acceso a una educación de calidad sigue dependiendo en buena medida del lugar donde viven las familias, ya que factores como la infraestructura escolar, la inversión pública, la capacidad institucional y las brechas históricas de desarrollo continúan influyendo en la percepción ciudadana.
Paradójicamente, Coahuila y Nuevo León obtuvieron evaluaciones muy distintas cuando se preguntó específicamente por la gratuidad del servicio educativo.
En este indicador, ambos estados figuraron entre los mejor evaluados del país. Coahuila registró un nivel de satisfacción de 76 por ciento y Nuevo León de 74.1 por ciento, ambos por encima del promedio nacional de 69 por ciento.
Los resultados contrastan con la percepción general sobre la calidad del servicio, lo que sugiere que, aunque la población considera que el acceso a la educación pública implica menores costos que en otras entidades, persisten áreas de oportunidad relacionadas con la atención educativa, la organización escolar y otros componentes del servicio.
Además, Coahuila destacó por la evaluación positiva de la infraestructura escolar. El estado alcanzó 77.9 por ciento de satisfacción respecto al estado de las instalaciones y el mobiliario de las escuelas, ubicándose entre las diez entidades mejor calificadas en este rubro.
México Social advierte que la gratuidad de la educación aún no se traduce plenamente en una experiencia libre de costos para millones de familias mexicanas. Aunque la Constitución garantiza este derecho, los hogares continúan absorbiendo gastos por conceptos como uniformes, materiales escolares, transporte y actividades complementarias.
De acuerdo con el análisis, se estima que las familias mexicanas financian alrededor del 16.2 por ciento del gasto en educación básica y media superior, proporción que duplica el promedio observado entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para los especialistas, las marcadas diferencias entre entidades muestran la necesidad de fortalecer políticas públicas con enfoque territorial que permitan reducir las desigualdades en la calidad educativa y garantizar condiciones equivalentes para niñas, niños y adolescentes en todo el país.