Alarmas ignoradas

Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, compareció el 7 de octubre de 2017 ante la Comisión de los Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para informar sobre las desapariciones forzadas en México.

La cifra oficial de personas ausentes desde 2006 rebasaba entonces las 32 mil (el dato actualizado supera los 130 mil). Dulitzky examinó la crisis y destacó hallazgos clave que se presentarían en un informe posterior, relacionados con los presuntos vínculos entre el crimen organizado y el Estado de Coahuila, y las violaciones de derechos humanos cometidas, dice la HRC en un comunicado.

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El informe, titulado «Control… sobre todo el estado de Coahuila», se publicó el 6 de noviembre, un mes después de la comparecencia de Dulitzky. El documento
«analiza la información más importante derivada de los testimonios de testigos en tres juicios federales estadunidenses contra miembros del cártel de Los Zetas».

También describe la estructura jerárquica de la organización, sus vínculos con las autoridades mexicanas e identifica las violaciones de derechos humanos perpetradas por el cártel. Un día después, el gobernador Rubén Moreira desmintió el estudio en un comunicado: «(…) es una infamia, es parcial en sus investigaciones y mentiroso en sus conclusiones». Es increíble que una universidad tan prestigiada destine recursos para actividades seudo académicas que mienten y no tienen ningún rigor científico».

Con la misma cachaza Moreira pone en tela de juicio la veracidad del Centro Fray Juan de Larios —fundado por el obispo Raúl Vera López, premio Rafto 2010—, cuyos aportes a la Universidad de Texas y a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
resultaron fundamentales para que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) pusiera al tanto de la Asamblea General de la ONU la situación en México. El silencio del Fray Juan de Larios sobre los «éxitos» del Gobierno contra la delincuencia, fue calificado por Moreira de interés malsano por «construir historias falsas».

«Control… sobre todo el estado de Coahuila» basa su análisis en las declaraciones de 24 testigos de primera mano en los juicios de San Antonio, Austin y Del Río, varios de los cuales afirman haber entregado «sobornos de millones de dólares» a los gobernadores de turno. Compila «abusos a derechos humanos, amenazas de muerte y reclutamiento forzado». Los testimonios «describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y/o cooperación del Estado mexicano con el cártel de Los Zetas y sus negocios ilegales (…) extensamente documentado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales».

La FIDH y el CED encendieron desde hace décadas las alarmas por las desapariciones sistemáticas, los secuestros y los crímenes de lesa humanidad en México —destacadamente en Coahuila—, pero los Gobiernos del PRI, PAN y Morena hicieron oídos sordos.

Ahora corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum afrontar la crisis humanitaria y forense sin nacionalismo de orejeras, sino con espíritu de cooperación. Exponer la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas «no debe interpretarse en modo alguno como un prejuicio o una interferencia con otros procedimientos (..)», advierte el CED.

Tampoco debe afectar, sino reforzar, la ayuda para investigar, castigar y erradicar el fenómeno, precisa. El cerco para que los crímenes de lesa humanidad dejen por más tiempo de permanecer impunes empieza a cerrarse.