La disciplina presupuestaria se rompió en el Gobierno de Humberto Moreira, un profesor sin experiencia administrativa, técnica o empresarial, a diferencia de sus últimos predecesores. Óscar Flores Tapia no poseía título universitario, pero además de realizar una vasta obra pagó pasivos heredados por más de 500 millones de pesos.
Eliseo Mendoza saneó las finanzas y Enrique Martínez liberó al estado de obligaciones bancarias. Moreira legó a Coahuila el deshonroso primer lugar nacional en deuda pública por su acumulación en tiempo récord y el sinfín de irregularidades para contratarla, de espaldas al Congreso dominado por el PRI y sin informar a la ciudadanía: en dos años (2009 y 2010), el débito se disparó a 36 mil millones de pesos, justo cuando los gobernadores competían por apadrinar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto con fondos públicos.
El exalcalde de Saltillo recibió como premio la presidencia nacional del PRI, su imaginario trampolín para la Presidencia de la República. Incluso, ante las torpezas de Peña Nieto, se esparció la especie de que era el plan B de su partido. El gusto le duró menos de un año.
Peña lo defenestró el 2 de diciembre de 2011, por el escándalo de la megadeuda, un día después de haber asistido a la toma de posesión de su hermano y sucesor Rubén Moreira, quien boicoteó los débiles intentos del PAN para investigar y castigar la deuda.
En su informe de despedida (4 de noviembre de 2010), antes de abandonar el cargo para presidir el PRI, Moreira presumió ante Peña Nieto, uno de sus invitados en el Coliseo Centenario: “¿Cuáles son nuestras fortalezas? Economía diversificada, indicadores superiores a la media nacional, condiciones de bienestar social favorables, incremento en los niveles de inversión y deuda pública manejable. Somos el primer lugar nacional con menor porcentaje de gasto destinado a la deuda”.
La bomba explotó siete meses después, al conocerse el monto real de la deuda. En vísperas de la siguiente Navidad, la revista Forbes le dio un “regalo sorpresa”: el séptimo sitio en la lista de Los 10 Mexicanos Más Corruptos de 2013, un lugar por debajo del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, “acusado (…) por cargos de crimen organizado y lavado de dinero en Texas. Según las acusaciones en su contra, habría recibido sobornos de los principales grupos del narcotráfico en Tamaulipas, entre ellos el cártel del Golfo”. ¿Vecindad geográfica es destino? Las Cortes de Texas lo dirán.
La megadeuda comprometió las finanzas del estado e incluso el impuesto salvavidas: el de Nóminas, creado por Eliseo Mendoza hacia el final de su sexenio. El producto de ese gravamen ha sido utilizado para todo en las últimas administraciones, excepto para su función original: invertirlo en obras e infraestructura en los municipios donde se genera.
La “deuda manejable” presumida por Moreira tiene a Coahuila en precariedad financiera. La reducción de fondos federales para 2021, provocada por la caída de ingresos a causa del coronavirus, empeorará la situación. Las secuelas del moreirazo son infinitas.
Un informe de la Cámara de Senadores, presentado el 22 de agosto, advierte que al primer trimestre de este año: “los estados que presentaron una mayor relación de su deuda con respecto a sus participaciones federales fueron: Nuevo León con 178.4%, Chihuahua con 177.7%, Quintana Roo con 170.7%, y Coahuila con 166.6 por ciento”.
En las antípodas están: “Guerrero con 18.2%, Puebla con 16.5%, Guanajuato con 14.8%, Querétaro con 2.2% y Tlaxcala con 0.4 por ciento”. Tres de los estados de la Alianza Federalista, entre ellos el nuestro, tienen el agua a la boca.
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