La Reforma Energética promovida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto -presentada como el pináculo del modelo económico iniciado en el salinato- se vendió al país como la panacea universal. Según la propaganda oficial, la apertura del sector al capital privado generaría millones de empleos, combustibles accesibles у bienestar generalizado. Bajo este espejismo, las bancadas del PRI, PAN у PRD aprobaron la iniciativa.
Sin embargo, detrás del discurso de modernización operó la compra de voluntades: las investigaciones de la FGR y los testimonios de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, documentaron el reparto de sobornos a figuras clave de la negociación, entre ellas David Penchyna, Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya.
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El resto es historia: la lluvia de empleos no llegó, los combustibles y las tarifas eléctricas se encarecieron y los «gasolinazos» se multiplicaron. Los consumidores protestaron con bloqueos de calles y la quema de vehículos, comercios y gasolineras.
La corrupción no sólo quedó impune: Penchyna fue premiado con la dirección del Infonavit, Cabeza de Vaca con la gubernatura de Tamaulipas у Anaya con la presidencia del PAN. Lozoya fue el único procesado, por el caso de Odebrecht, la multinacional brasileña que financió campañas en varios países y recibió a cambio contratos millonarios.
Acusada de inyectar 10 millones de dólares a la campaña presidencial de Peña Nieto, Odebrecht formó parte del esquema de sobornos creado para impulsar los cambios a la Constitución que más tarde abrieron al capital privado la explotación de petróleo y gas, así como la generación de electricidad.
La reforma se aprobó en el Congreso en 2013 bajo el paraguas del Pacto por México, firmado el año anterior por los que entonces eran los grandes partidos: PRI, PAN y PRD. La importación de combustibles, antes reservada al Estado, se liberó para que los particulares pudieran introducirlos al país. El mecanismo estaba previsto para entrar en vigor en 2017, pero se adelantó un año. Ese fue el origen del llamado «huachicol fiscal».
Apenas asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador revirtió la reforma peñista en sus aspectos medulares bajo el criterio de devolver al Estado el control de ese sector.
Para garantizar la autosuficiencia y la soberanía energética, la 4T inició la reestructuración у fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La importación y el mercado de combustibles, antes exclusivos del Gobierno, se abrieron para estimular la competencia con la participación de firmas extranjeras dedicadas a la venta de gasolina y diesel.
La delincuencia organizada y algunos empresarios y políticos aprovecharon el resquicio para ampliar sus actividades ilícitas con el contrabando de carburantes. EI
«huachicol fiscal» le ha costado al fisco hasta 600 mil millones de pesos, cifra que la presidenta Claudia Sheinbaum pone en duda por falta de información precisa.
La Procuraduría Fiscal de la Federación investiga operaciones por 16 mil millones de pesos. La Reforma Energética de 2019 prohibió nuevas concesiones para la explotación de hidrocarburos y el Gobierno de AMLO dejó sin efecto más de 1,200 permisos para la importación de gasolina y diesel.
La cancelación total no es asequible porque el país aún no es autosuficiente y por las reglas del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá en materia energética. Lo que sí es posible es atacar el contrabando sin presiones ni cálculos políticos.
Gerardo Hernández
GERARDO HERNÁNDEZ es periodista desde hace más de 40 años en Coahuila. Director General de Espacio 4.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autor, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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