El presidente Andrés Manuel López Obrador alborotó de nuevo el avispero con la propuesta para investigar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos del pasado, pero se echó la soga al cuello. La aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por seis votos contra cinco, de la consulta popular acerca de si el Gobierno debe emprender “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, también lo pone en la picota. Ocho de los 11 ministros que integran el máximo tribunal constitucional del País, cuyo relevo es escalonado, fueron nombrados por los presidentes Vicente Fox (1), Felipe Calderón (5), Peña Nieto (2) y tres por AMLO con la aprobación del Senado.
La SCJN modificó la pregunta original, propuesta por la Cámara de Senadores, que exentaba a AMLO, pero la intención de la cuarta transformación y de su base social es la misma: “investigar, y en su caso sancionar, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones”. Las fotografías de los cinco se exhibieron en las plazas donde se recolectaron firmas de apoyo al plebiscito.
En un país donde el Ejecutivo de turno utiliza su poder para influir en las decisiones de los poderes Legislativo y Judicial, los cuales en teoría son autónomos e independientes, donde los presidentes son intocables mientras en otras naciones son defenestrados, están en prisión o se suicidan por haber violado la ley; donde la impunidad campea, y la justicia —inaccesible para la mayoría— está al servicio de los poderosos; y donde los grupos de poder buscan imponer resoluciones judiciales a través de los medios de comunicación, declarar constitucional la materia de la consulta popular 1/2020 pone a México en un escenario inédito.
La pregunta de la Corte no satisfizo al Presidente por “poco clara” (la primera era igual o más confusa), pero también porque, al suprimir nombres y plazos, los ministros —satanizados quienes votaron a favor, y elevados al altar de la patria quienes lo hicieron en contra— abrieron la posibilidad de que la consulta de agosto de 2021 o una posterior lo incluya a él o a funcionarios de su administración por “decisiones políticas” nocivas para la población o violatorias de los derechos humanos, sin excluir casos de corrupción ni a las víctimas por el desabasto de medicamentos.
La iniciativa para enjuiciar a los expresidentes —Zedillo es quizá el único salvable, a pesar de Acteal y el Fobaproa— cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Pero también ha provocado críticas enconadas, descalificaciones parciales y defensas apasionadas de la separación de poderes. Luis María Aguilar —uno de los ministros propuestos por el presidente Calderón— se refirió a la pregunta original como “un concierto de inconstitucionalidades”.
El Presidente afrontó las reacciones a su manera: “Están muy enojados los intelectuales orgánicos, pero entonces ¿en qué quedamos, somos demócratas o no?, ¿la política es asunto de todos o nada más de los políticos, los expertos y los del llamado círculo rojo?, ¿no cuenta la opinión de los obreros, campesinos, y de la mayoría de los mexicanos? Yo creo que fue un gran avance”.
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