Visión integral

El servicio de transporte público sin costo en Saltillo, operado por DM Control, se planeó para atender a 250 mil personas, según el alcalde Javier Díaz. La cifra representa una cuarta parte de la población del área metropolitana.

El municipio pagará a la empresa 114 millones de pesos anuales, equivalentes al
2.5% del presupuesto en vigor. El ahorro para los usuarios podría alcanzar los 216 millones de pesos, una vez cubierto el objetivo del programa, de acuerdo con información oficial.

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Se trata de un alivio para la economía familiar y de un gasto para la ciudad en aras de una mejor movilidad urbana. El éxito dependerá no solo de que las dos rutas troncales funcionen al máximo de su capacidad, sino, sobre todo, de que DM Control cumpla con los estándares de calidad, puntualidad y cuidado.

La expansión de las ciudades pasa factura tarde o temprano. Saltillo duplicó su parque vehicular en pocos años al pasar de 250 mil a medio millón, dijo el alcalde en la puesta en marcha del programa. El fenómeno, relacionado con la pandemia de COVID-19, también tuvo efectos negativos para el transporte público.

El 50% de las líneas quebró debido a las medidas sanitarias. De las 42 rutas que había en 2019, solo la mitad sobrevivió. Sin embargo, el coronavirus no es el único responsable del colapso.

Los concesionarios contribuyeron bastante por la infame calidad de su servicio, el mal trato a los usuarios, el uso de calles como pistas y la violación impune y sistemática de
las reglas de tránsito.

El programa «Aquí vamos», como se denomina el nuevo servicio, es un rescate indirecto del transporte. Busca aumentar la demanda y, eventualmente, reactivar las rutas canceladas. La prioridad deben ser siempre las personas.

Apoyar la economía doméstica y reducir los periodos de traslado, al cual legiones de saltillenses dedican innumerables horas cada día, redundará en el rendimiento del salario y brindará a las familias la oportunidad de dedicarse más tiempo.

La observación, por parte de alcalde, de que el registro de usuarios y la expedición de credenciales responde solo a fines de control es pertinente. Pues lo primero que viene a la mente es el clientelismo político. El congreso del estado —clave en el tablero del poder— se renovará dentro de nueve meses.

La intención del programa de transporte es buena y encaja con la política federal de atender primero a los sectores menos favorecidos. En la ceremonia inaugural, el gobernador Manolo Jiménez enumeró los programas sociales de la administración.

El único estado en poder del PRI es Coahuila. Jiménez anunció, en una reunión previa, un paquete de inversiones del cual no dio detalle. También compartió su experiencia como alcalde de Saltillo, para que Díaz la considere. Cuando un Gobierno termina y las
metas se han cumplido, señaló, las demandas nuevas son tantas como las iniciales.

La apertura de rutas debe acompañarse de acciones para ordenar el tránsito caótico de la capital, sobre todo en las horas punta. Mejorar la movilidad resuelve solo una parte del problema. Se requieren soluciones integrales: desalentar el uso de automotores, estimular el uso de vehículos no contaminantes y regresar a las fotomultas en las vías donde las velocidades representan un peligro permanente.

Es urgente asimismo rescatar las aceras, tomadas arbitrariamente como extensión de negocios de todo tipo.

Los políticos no saben de esas cosas, pues se mueven en convoyes, pero al final, como nos recuerda el maestro Jaime Sabines, todos somos peatones.

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