El Ejecutivo estatal devolvió el Decreto 184 con observaciones constitucionales, financieras y técnicas, y llamó al Congreso a corregir afectaciones en infraestructura, educación y desarrollo social
Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno de Nuevo León objetó la versión de la Ley de Egresos 2026 aprobada por el Congreso local al considerar que contiene fallas que afectan su viabilidad y el cumplimiento de proyectos estratégicos.
De acuerdo con el Ejecutivo, el Decreto 184 presenta inconsistencias de carácter constitucional, financiero y técnico que comprometen el equilibrio presupuestal, el cumplimiento de reglas de disciplina fiscal y la adecuada ejecución del gasto público.
El paquete fiscal presentado originalmente por el Gobierno estatal en noviembre incluía recursos para obras asociadas a la Copa del Mundo de 2026 y para la continuidad de proyectos prioritarios en movilidad, entre ellos la construcción y ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro, la renovación de las Líneas 1 y 2, corredores verdes, paraderos, mantenimiento carretero, infraestructura cultural y fortalecimiento de Fuerza Civil.
El gobernador Samuel García argumentó que estos programas forman parte de una agenda de infraestructura orientada a atender la demanda de movilidad y seguridad de la población.
En materia social, el proyecto contemplaba un aumento de 10.6% al presupuesto educativo respecto a 2025, así como apoyos alimentarios, mochilas, útiles, uniformes y calzado para estudiantes de bajos recursos, además de la continuidad del programa de Escuelas de Tiempo Completo.
También se incluían partidas para primera infancia mediante estancias infantiles, asistencia a personas con discapacidad, acciones contra la violencia hacia mujeres, inclusión social, atención a cáncer infantil y femenino, el programa Código Infarto y la gratuidad de servicios e insumos médicos.
Otro bloque presupuestal estaba enfocado en protección social y combate a la desigualdad, con impulso a iniciativas como Hambre Cero, actividades culturales y deportivas y programas de fortalecimiento institucional en materia de seguridad pública.
El Ejecutivo sostuvo que las reducciones hechas durante el proceso legislativo no consideraron las necesidades de la población ni los avances alcanzados, lo que afectaría la operación de programas sociales y obras en curso. Además, afirmó que el rediseño legislativo del gasto rompe el equilibrio financiero y vulnera las disposiciones que garantizan un manejo responsable de las finanzas públicas.
Las observaciones remitidas al Congreso buscan que se revaloren los ajustes y recortes aplicados, con sustento en argumentos legales y técnicos que permitan restablecer mesas de trabajo y alcanzar un presupuesto funcional.
El Gobierno estatal reiteró su disposición al diálogo y a la cooperación institucional, pero enfatizó que el presupuesto debe ser aprobado con criterios de responsabilidad, claridad y apego constitucional para asegurar un ejercicio ordenado, transparente y en beneficio de la ciudadanía.