La reforma al delito de extorsión que impulsó Morena está generando mucho ruido, y no es para menos. Sus defensores aseguran que el objetivo es combatir un delito grave que afecta a miles de mexicanos. Y sí, combatir la extorsión es urgente.
Pero hay una diferencia enorme entre perseguir criminales y castigar la crítica. El problema no es la intención, sino la forma: la ley quedó tan abierta, tan ambigua, que puede volverse un arma contra periodistas, ciudadanos, activistas y cualquiera que cuestione al poder.
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La alerta nace de una frase clave: Extorsión podrá ser “obligar a alguien a hacer, tolerar o dejar de hacer algo”. Sin exigir amenaza, sin exigir violencia, sin exigir beneficio personal. Solo “obligar” y usando su propio criterio para esa definición.
Cuando el lenguaje es tan amplio, todo cabe. Una investigación incómoda, una protesta, un reportaje de corrupción, una campaña en redes, un trending topic con memes… todo podría interpretarse como presión indebida. ¿A quién favorece esa interpretación? No al ciudadano. Favorece al poder, al que no quiere que lo cuestionen.
Al expresidente Enrique Peña Nieto lo destrozaron en redes, día tras día, año tras año, sufrió bullying cibernético, fue linchado mediáticamente sin descanso: memes, parodias, videos editados, frases inventadas, burlas a su dicción, a su imagen, a sus tropiezos públicos.
Incluso atacaron a su familia. Sus hijas y su esposa fueron objeto de trending topics hirientes. Y aun así, nunca salió a quejarse frente a las cámaras, nunca pidió que se detuvieran, nunca intentó convertir la crítica en delito. Aguantó, quizá por orgullo, quizá por cálculo político, quizá por entender que ser presidente implica resistir la presión social y el escrutinio público.
Hoy, con más control político, más discurso moral y más seguidores movilizados, parece que el poder ya no tolera el escrutinio, y eso es peligroso. Cada crítica se señala como ataque al pueblo. Cada comentario incómodo se clasifica como agresión. Cada nota que cuestiona al gobierno se enfrenta al linchamiento desde el púlpito o desde las redes oficiales.
Y ahora, con la reforma al delito de extorsión, esa sensibilidad se convierte en ley. Si el poder no aguanta un meme, ¿aguantará una investigación periodística? Si una nota lo molesta, ¿será denunciada como intento de “obligar” al gobierno? Si una marcha exige resultados, ¿se convertirá en delito?
Esto no es menor. Esto es el terreno donde se decide si México será un país de ciudadanos críticos o de ciudadanos callados. Una cosa es gobernar y otra muy distinta es gobernar exigiendo aplausos.
En democracia no se gobierna con piel de cristal. No se legisla para proteger sentimientos. No se encarcela la crítica. No se castiga el desacuerdo. Quien busca gobernar debe saber que habrá resistencia, oposición, reclamos, editoriales, presión social y mediática. Es el precio de dirigir una nación, no de administrar un club de fans.
Porque una ley que castiga la palabra no combate al delincuente, sino al disidente. Y porque la historia no se escribe con aplausos, sino con voces que se atreven a cuestionar.
Si esta reforma avanza sin correcciones, México no estará más seguro, estará más callado.
Y un país silencioso no es un país en paz: es un país bajo control.
JÉSSICA ROSALES
Periodista con 20 años de experiencia en distintos medios de Coahuila.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autora, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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