Un paso firme contra la deuda alimentaria

En Coahuila hay aproximadamente 116 mil 600 madres solteras. De ellas, solo una de cada cinco recibe pensión alimenticia.

Las otras 93 mil absorben solas, mes a mes, lo que la ley obliga a ambos padres. Son cifras del INEGI, no estimaciones: son familias reales, con nombres, con facturas, con necesidades, con ausencias.

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Frente a esa realidad, el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, el instrumento que el estado creó precisamente para enfrentar este problema a nivel estatal y federal acumula hoy sólo en el caso de Coahuila 263 personas inscritas. El padrón existe desde 2016 y se hizo público hasta 2022. En casi una década, 263 nombres.

Torreón encabeza con 129, Monclova con 71, Saltillo con 26. Hay expedientes abiertos desde 2017 que siguen sin resolverse, estamos hablando de casi una década de incumplimiento. En contraste, el Poder Judicial de Coahuila recibe alrededor de 3 mil demandas de pensión alimenticia cada año. De esos miles de casos, menos de uno por ciento termina en el registro. No es un problema menor de operación. Es una brecha abismal. ¿Pero qué pasa con ese registro? ¿Cuál es su alcance real?

El Registro de Deudores Alimentarios, por sí solo, no es una sanción automática ni mucho menos una vía directa a la cárcel. Aunque la ley contempla el incumplimiento como delito, la inscripción en el padrón no activa de inmediato consecuencias penales: para ello se requiere iniciar y sostener otro procedimiento judicial. Es decir, el registro señala, exhibe, documenta, pero no castiga por sí mismo. Sin esa siguiente etapa —que implica tiempo, costos y desgaste para quien ya enfrenta la carga económica—, el efecto se diluye y el deudor sigue prácticamente en la misma posición.

En teoría, el sistema debería complementarse con medidas más duras ya previstas a nivel nacional: impedir trámites como el pasaporte, limitar operaciones ante notario o cerrar el paso a cargos públicos. Pero en Coahuila esas restricciones no se están aplicando, ni hay un impacto real que obligue al cumplimiento

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Por eso, la iniciativa que presentó esta semana la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, merece atención. La reforma propone reducir de 90 a 60 días el plazo para inscribir a un deudor en el registro, conectar el padrón estatal con el nacional para que cambiar de municipio o de trabajo no sea suficiente para evadir la responsabilidad; y exigir un certificado de no adeudo alimentario en trámites ante notario público, como compraventas de bienes. También incorpora la condición de deudor alimentario como elemento de evaluación en procesos de adopción.

Son ajustes con lógica. Hoy el sistema exige que sea la parte acreedora, casi siempre la madre, que ya carga con todo, quien dé el paso adicional de reportar el adeudo ante el juzgado para que el órgano jurisdiccional inscriba al deudor. Ese eslabón de más, en medio de procesos que ya son desgastantes y costosos, explica en buena parte por qué el registro crece tan poco: de 145 personas en 2023 a 229 en 2025, y a 263 hoy. Treinta y cuatro casos nuevos en un año, con miles de demandas entrando anualmente por las puertas de los juzgados.

Que la ley mejore es necesario. Que el Congreso la apruebe sin dilación, también.

Y una vez que eso ocurra, habrá que ver si el Poder Judicial sale a explicar por qué, con tres mil demandas anuales, el registro apenas suma 34 casos nuevos por año. Porque si alguien tiene que rendir cuentas sobre esa proporción, es el Poder Judicial. Son quienes llevan años operando el sistema que produce ese resultado. Que no lleguen entonces a alzarse el cuello y querer colgarse de lo que otros hacen. Los números ya hablaron.