Estados Unidos judicializa al exmandatario venezolano y condiciona cooperación con nuevo liderazgo; México rechaza una intervención militar
La detención y judicialización del expresidente venezolano Nicolás Maduro detonó una nueva fase de presión política y diplomática sobre Venezuela, marcada por advertencias directas del gobierno de Estados Unidos y reacciones internacionales que buscan contener una mayor escalada del conflicto.
De acuerdo con la información difundida, Maduro fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos vinculados con narcoterrorismo, crimen organizado y conspiración internacional.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que encabezó durante años una red dedicada al tráfico de drogas y al uso de estructuras estatales para actividades ilícitas, lo que derivó en su traslado a un centro de detención de alta seguridad mientras se desarrolla el proceso judicial.
En paralelo, Estados Unidos exigió acceso total a recursos estratégicos venezolanos tras la caída del exmandatario y lanzó una advertencia a la nueva dirigencia del país sudamericano para que colabore con Washington o enfrente “un precio muy alto”. El mensaje incluyó referencias explícitas a petróleo y otros activos clave como condición para avanzar en la reconstrucción y el reconocimiento internacional.
Las imágenes difundidas también dan cuenta de daños en infraestructura civil en territorio venezolano, atribuidos a acciones militares estadounidenses, lo que ha generado condenas y manifestaciones en distintas partes del mundo, tanto a favor como en contra del cambio político en Caracas.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó una postura clara al descartar cualquier intervención militar de Estados Unidos. La mandataria subrayó que la relación bilateral debe basarse en la cooperación y el respeto a la soberanía, y exigió corresponsabilidad en materia de seguridad, al tiempo que afirmó que la política exterior mexicana se mantendrá sin cambios.
La combinación de procesos judiciales, presiones económicas y posicionamientos diplomáticos perfila un escenario de alta inestabilidad regional, con repercusiones que trascienden las fronteras venezolanas y colocan el tema en el centro de la agenda internacional.