Si tocan a Adela, nos tocan a todos

La irrupción armada en las oficinas del Semanario ZETA por parte del empresario Manuel Cisneros Romero, padre de Omar Cisneros Salcedo, no es un hecho aislado ni menor.

Es un acto de intimidación que pone en jaque no sólo a la prensa libre, sino a la dignidad de Baja California. Y cuando se toca a Adela Navarro, se toca a la conciencia crítica de todo un país.

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Este ataque no es sólo contra una periodista, es contra el derecho de la sociedad a saber. En un contexto donde el crimen organizado se ha infiltrado en la política, donde los gobiernos se rodean de operadores financieros boletinados por el Tesoro de Estados Unidos, el periodismo se convierte en el último bastión de la verdad. Y ZETA, con su historia de resistencia, no se dobla.

El reportaje no fue una calumnia, fue una alerta

El texto publicado por ZETA —“Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”— no fue producto de la imaginación ni de la malicia. Se basó en fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. El periodismo hizo lo que le toca: informar. Y lo hizo con rigor.

La reacción del padre, acusando a Adela de “matar” a su hijo con una nota, no sólo es injusta, es peligrosa. El periodismo no dispara balas, ilumina con palabras. La violencia que arrebató la vida de Omar provino de un comando armado, no de una pluma. Y en el barrio lo sabemos: cuando alguien llega con fusiles a una redacción, no viene a llorar, viene a callar.

¿Quién se sienta en la mesa con lavadores?

La empresa Alimentos CISGO, donde Omar Cisneros figuraba como socio junto a Jesús González Lomelí —señalado por el Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero—, no puede ser ignorada. Aunque nunca operó financieramente, sí existió en papel. Y en el barrio decimos: “si te juntas con lumbre, algo se te va a quemar”.

¿Por qué se creó esa empresa? ¿Por qué se disolvió sin actividad? ¿Qué intereses se movían detrás? La sociedad merece respuestas. Y más aún cuando Lomelí está vinculado con Fernando Salgado, otro operador señalado por financiar campañas de Morena con dinero sucio, imponer funcionarios en Tijuana y mover propiedades en San Diego. No son chismes, son informes oficiales.

El caldo político huele a pólvora

La política bajacaliforniana se cuece en un caldo espeso: narco, dinero ilícito y poder municipal. Y en ese caldo, Omar Cisneros aparece en narcomantas y como víctima de un ajuste de cuentas. ¿Qué papel jugaron sus vínculos con Lomelí y Salgado? ¿Qué se cocinaba en esa empresa fantasma? ¿Quién protegía a quién?

La irrupción armada en ZETA no es dolor, es amenaza. No es duelo, es intimidación. Y eso no lo podemos permitir. La Fiscalía ya abrió una investigación, pero no basta con procesar la amenaza. Se necesita transparencia sobre los vínculos empresariales y políticos que rodearon a Omar Cisneros.

Defender a Adela es defender la libertad

La defensa de Adela Navarro es la defensa del periodismo libre. Es la defensa de la sociedad bajacaliforniana que exige verdad, no balas. En un estado donde el crimen organizado se disfraza de empresario, de operador político, de benefactor municipal, el periodismo es el último faro.

Una bala mató a Omar, nadie debe morir asesinado, pero la pluma defiende la memoria y exige justicia. El periodismo no es culpable. La sociedad exige explicación, no amenazas. La dignidad de Baja California se defiende con verdad, transparencia y respeto a la libertad de prensa.

Y que quede claro: si tocan a Adela, nos tocan a todos.