Hasta 95% han caído las investigaciones federales que se abren por este tipo de ilícitos en dos estados fronterizos con Estados Unidos
Las investigaciones por delitos relacionados con la Ley de Migración se han desplomado en Coahuila y Nuevo León durante los últimos cuatro años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En Coahuila, en 2021 se registraron 95 investigaciones, con un promedio de 7.9 casos mensuales. Para 2022, el total bajó a 87 (7.3 al mes), en 2023 se redujo drásticamente a 25 (2.1 al mes) y en 2024 apenas se contabilizaron 26 (2.2 al mes).
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El desplome se confirma en 2025: entre enero y julio solo se han iniciado cinco carpetas, lo que equivale a un promedio mensual de 0.7, el nivel más bajo de toda la serie.
Nuevo León presenta una trayectoria similar pero con cifras mucho más altas al inicio. En 2021 se abrieron 346 investigaciones, con un promedio de 28.8 casos por mes. En 2022 la cifra bajó a 253 (21.1 al mes), en 2023 se desplomó a 86 (7.1 al mes) y en 2024 descendió todavía más a 41 (3.4 al mes).
En los primeros siete meses de 2025, apenas se han registrado nueve investigaciones, lo que equivale a 1.3 mensuales, un retroceso de más del 95 por ciento respecto al nivel de hace cuatro años.
La tendencia nacional refleja la misma dinámica a la baja. En 2021 se reportaron 1,681 investigaciones por violaciones a la Ley de Migración, con un promedio de 140 mensuales. Un año después la cifra prácticamente se mantuvo en 1,648 (137 al mes), pero en 2023 cayó a 1,000 (83 al mes) y en 2024 descendió a 749 (62 al mes).
Para 2025, entre enero y julio, el país apenas acumula 177 carpetas, con un promedio mensual de 25, el nivel más bajo desde que se tiene registro reciente.
Especialistas señalan que la caída en estas investigaciones no necesariamente significa una disminución en la movilidad de personas, sino que podría responder a cambios en la política migratoria y en los mecanismos de control, con un mayor énfasis en acuerdos interinstitucionales y operativos del Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional.
El caso de Coahuila y Nuevo León resulta particularmente relevante al tratarse de dos estados de paso hacia la frontera norte.
El desplome en las cifras refleja un ajuste en la forma en que se documentan y procesan las conductas asociadas con violaciones a la Ley de Migración, lo que podría estar vinculado con un enfoque más administrativo que penal en la atención de la migración en tránsito.