54.9% de los trabajadores no cuentan acceso a seguridad sociales, pensiones o inclusive derechos laborales básicos, revela Inegi
En un pequeño puesto de tacos en García, María, de 43 años, calienta tortillas sin descanso. No tiene contrato, seguro social ni prestaciones. Como millones de mexicanos, trabaja en la informalidad. Y según los datos más recientes, María no está sola: en mayo de este año, más de la mitad de los trabajadores en México—el 54.9 por ciento—lo hicieron en condiciones informales, el nivel más alto registrado en los últimos 18 meses.
La cifra, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), revela un repunte preocupante. Desde octubre de 2023 no se veía un porcentaje tan elevado. En total, 32.9 millones de personas se encuentran hoy en el mercado laboral sin acceso a seguridad social, pensiones o derechos laborales básicos.
Aunque el país ha mostrado signos de recuperación económica tras los golpes de la pandemia y la inflación, el empleo formal parece no seguir el mismo ritmo.
De hecho, el empleo informal creció en mayo en casi 189 mil personas, mientras que el empleo formal se redujo en más de 117 mil. La consecuencia: la tasa de informalidad se disparó 0.2 puntos porcentuales en un solo mes.
Lo más llamativo no es solo la magnitud, sino el tipo de informalidad que crece. Lejos de tratarse únicamente de puestos en tianguis o esquinas, el aumento se dio principalmente dentro de negocios que, en el papel, están formalmente constituidos. Es decir, la informalidad se infiltra incluso en empresas registradas, que recurren a contratar sin cumplir con las obligaciones laborales.
En los últimos dos meses, según estimaciones de analistas citados por El Economista, más de 308 mil trabajadores informales se sumaron a empresas formales.
Esto no solo refleja prácticas irregulares por parte de los empleadores, sino también una realidad más cruda: la urgencia de muchos mexicanos por encontrar cualquier ingreso, aunque sea precario.
Al mismo tiempo, otros indicadores del mercado laboral muestran señales mixtas. La tasa de desocupación se mantuvo estable en 2.7 por ciento, mientras que la subocupación—personas que trabajan menos horas de las que desean—ligeramente bajó a 7.1 por ciento. Pero la estabilidad en estos datos no alcanza a ocultar el fenómeno de fondo: el empleo que se está generando no es suficiente ni de calidad.
Detrás de estos porcentajes hay historias como la de Juan, un electricista de 55 años que lleva años “por su cuenta”, sin cotizar en el IMSS ni saber si algún día podrá jubilarse. “¿Cuál retiro? Yo me voy a morir trabajando”, dice con resignación. Como él, millones están fuera del radar fiscal, de las políticas públicas y del futuro asegurado.
Además, la creciente informalidad es un desafío estructural para el país. Afecta la recaudación, limita la productividad y amplía la brecha de desigualdad. Mientras tanto, los trabajadores siguen en la cuerda floja, viviendo al día, sin red de protección.
Y aunque el gobierno ha hablado de inclusión, justicia laboral y reformas estructurales, los datos de mayo muestran que la realidad va en otra dirección. La informalidad no solo persiste: se expande.