Rendir cuentas: obligación sin excepciones, sin género ni partido político

 En Coahuila, la lucha contra la corrupción ha dejado una lista incómoda, pero necesaria, de nombres, fechas, municipios y sanciones. No se trata de percepciones ni de discursos políticos, sino de expedientes abiertos, auditorías documentadas y procesos judiciales. 

A lo largo de los años, diversos exalcaldes han enfrentado procesos legales por el presunto mal uso de recursos públicos. Algunos fueron detenidos y encarcelados; otros quedaron sujetos a medidas cautelares, como el uso de brazaletes electrónicos, impuestas por jueces tras investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior del Estado, organismo responsable de fiscalizar las cuentas públicas y verificar el uso adecuado del erario.

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Los antecedentes están ahí y no son nuevos. Ramón Oceguera Rodríguez, exalcalde de Ramos Arizpe (PRI) quien pisó la cárcel en 2020; Ignacio Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabinas (UDC, en coalición con PAN y PT) en 2018 y nuevamente en 2020, quien enfrentó su proceso con brazalete electrónico; Gerardo García Castillo, exalcalde de Monclova (PAN) en 2023; Ramiro Pérez Arciniega y Evaristo “N”, exalcaldes de Parras, el primero de Morena y el segundo del PVEM, también fueron vinculados a proceso; Felipe Medina Cervantes del PRI, exalcalde de Matamoros, fue detenido en 2006; y hoy se suma el caso de Tania Flores Guerra de Morena, exalcaldesa de Múzquiz acusada de presunto ejercicio abusivo de funciones y asignación ilegal de obra pública.

Son municipios distintos y partidos distintos: PRI, PAN, UDC, PVEM y Morena. El punto en común es uno solo: investigaciones derivadas de auditorías y procesos judiciales. La Auditoría Superior del Estado no revisa colores ni ideologías; revisa cuentas.

A lo largo de los años he sido crítica de servidores públicos y políticas mujeres, de cualquier partido político. No por un tema partidista, sino por una convicción básica: el género no exime de responsabilidad penal. La igualdad también implica rendición de cuentas.

Por eso resulta cuestionable que, recientemente en Saltillo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde afirme que en el caso de Tania Flores existe un “tinte político”. ¿Basado en qué? ¿Ya revisó la carpeta? ¿Conoce la imputación? ¿Sabe por qué se le acusa? Pide “ser parejos”, pero lo dice alguien que no predica con el ejemplo, cuando públicamente ha instruido a legisladores de su partido a votar presupuestos en contra de municipios y estados de oposición, por simple color partidista. Esa contradicción debilita su argumento y vuelve legítimo cuestionar su defensa.

Y aquí está el punto central: utilizar la bandera feminista para enfrentar un proceso penal es peligroso. No solo para el caso concreto, sino para la causa misma. Convertir un procedimiento judicial en una narrativa de persecución política con enfoque de género debilita la lucha real de miles de mujeres que sí son víctimas de violencia, de abuso y de feminicidio.

En el caso específico de Tania Flores, ella misma ha sostenido que todo está orquestado en su contra. Sin embargo, los hechos documentados indican otra cosa. 

Fue trasladada a Saltillo para comparecer ante un juez, luego de desacatar una orden judicial. En un video transmitido por ella misma en redes sociales, grabado desde un baño en Sabinas mientras se desarrollaba la diligencia de su ex tesorero quien ese día fue vinculado a proceso, se escucha a su abogado explicarle con claridad la situación legal y advertirle sobre las consecuencias de no acatar el mandato judicial, el cual ella intentaba presentar como una arbitrariedad.

En el material audiovisual, el abogado le señala: “Ellas traen un mandato de un juez y tenemos que acatarlo. Ellas van a plasmarlo en su informe y eso nos puede ser contradictorio al momento del término de tu declaración en Saltillo. Yo te estoy recomendando y aconsejando, como amigo y como abogado, que ya abras la puerta y que ya enfrentemos esto”.

Finalmente accedió a salir y cumplir la orden, aunque lo hizo de manera desafiante al continuar transmitiendo en vivo el trayecto, pese a las advertencias de que dicha conducta representaba un riesgo para su propia seguridad.

La audiencia, que se llevó a cabo a puerta cerrada, tuvo una duración aproximada de cuatro horas y, en este caso, no se advierte un fundamento claro para que fuera privada, sobre todo cuando la propia persona involucrada manifestó su intención de hacer público el proceso, derecho que le asiste conforme a la ley.

El caso quedó registrado bajo la causa penal 1119/2025, en la que Tania Flores Guerra fue formalmente imputada por el delito de ejercicio abusivo de funciones, específicamente en la modalidad de asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública. La Fiscalía formuló imputación y el proceso sigue su curso legal.

Como parte de este procedimiento, el juez fijó la audiencia de vinculación a proceso en su modalidad de duplicidad para el lunes 22 de diciembre a las 9:30 horas. Mientras tanto, se impusieron medidas cautelares, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de acercarse a determinadas personas o lugares, lo que confirma que existe un proceso judicial en marcha y con obligaciones claras para la imputada.

Eso no es persecución política. Eso es un proceso judicial en curso. Ser mujer no exime de rendir cuentas. Ser hombre tampoco.

La ley es clara: los delitos no tienen género, y la justicia no puede operar con criterios de simpatía, militancia o victimización selectiva. Cuando hay observaciones graves, daño patrimonial o presunto ejercicio indebido de funciones, lo que corresponde es enfrentar el proceso con seriedad, no refugiarse en el discurso.

Utilizar la bandera feminista para evadir responsabilidades no fortalece la causa, la daña. Porque la verdadera igualdad también implica aceptar que las mujeres en el poder deben ser juzgadas con el mismo rigor que los hombres: ni más, ni menos.

En una democracia madura, la rendición de cuentas no se negocia. Y en un estado de derecho, la justicia no se cancela con discursos, se enfrenta con pruebas, argumentos legales y transparencia.

La lucha contra la corrupción exige una sola cosa: responsabilidad, sin adjetivos, sin excusas y sin género.