Encuesta de Banxico adelanta que los economistas del sector privado anticipan un futuro a corto plazo complicado para el país
La economía mexicana enfrenta un panorama cada vez más complejo en 2025, marcado por una desaceleración del crecimiento económico, inflación que se mantiene por encima del objetivo del banco central y un contexto monetario restrictivo.
De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, publicada por el Banco de México (Banxico), se recortó nuevamente la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de este año, situándola en apenas 0.18 por ciento.
Este nuevo ajuste representa el doceavo recorte mensual consecutivo desde que en mayo de 2024 se proyectaba una expansión económica de 1.84 por ciento. La tendencia descendente en las expectativas refleja la creciente preocupación entre analistas por diversos factores internos y externos que limitan el dinamismo de la economía mexicana.
Entre las causas más citadas por los especialistas destacan la incertidumbre derivada de la política interna, la debilidad del mercado externo —particularmente de Estados Unidos—, y la persistente inseguridad pública, así como la falta de aplicación efectiva del estado de derecho y la corrupción. Estos factores, coinciden los analistas, afectan negativamente la inversión privada y el consumo.
En materia de inflación, el panorama tampoco es alentador. La encuesta de Banxico indica que la expectativa de inflación general para el cierre de 2025 se elevó a 3.97 por ciento, mientras que la inflación subyacente —que excluye precios volátiles como alimentos y energía— se ubicará en 3.95 por ciento. Ambas cifras se sitúan por encima del objetivo puntual del banco central, que es de 3 pro ciento con un margen de tolerancia de +/-1 punto porcentual.
Estas expectativas inflacionarias han influido directamente en las decisiones de política monetaria. Aunque se prevé que Banxico continúe con una senda de recortes en su tasa de referencia, el ritmo será gradual. De hecho, los analistas estiman que la tasa de interés interbancaria cerrará el año en 7.25 por ciento, lo que implicaría una disminución de 125 puntos base respecto al nivel actual de 8.50 por ciento.
No obstante, los recortes en la tasa de interés no serán suficientes por sí solos para estimular la economía. La demanda interna se ha mostrado débil, el consumo privado avanza lentamente y la inversión fija bruta continúa estancada. Además, la incertidumbre relacionada con el entorno político posterior a las elecciones federales añade una capa adicional de cautela entre los agentes económicos.
Por otro lado, las expectativas sobre el tipo de cambio también reflejan un entorno de mayor volatilidad. Los analistas proyectan que el dólar estadounidense cerrará el año en 18.32 pesos, lo que representa una depreciación en comparación con los niveles observados en 2024. La percepción de riesgo y las tasas de interés globales juegan un papel determinante en esta estimación.
Además de los factores estructurales internos, el contexto internacional ha ejercido presión sobre la economía mexicana. Las tensiones comerciales, la desaceleración global y los ajustes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos han influido en las condiciones financieras del país, encareciendo el costo del crédito y limitando el acceso a financiamiento.
Los especialistas también advierten que el deterioro en la confianza empresarial y la falta de certidumbre jurídica son barreras que inhiben la atracción de inversión extranjera directa, un componente clave para el desarrollo del país. Si bien la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring) ha sido vista como una oportunidad, su impacto ha sido moderado hasta ahora.
En resumen, México encara un 2025 con una proyección económica que se debilita cada mes, una inflación que aún no cede del todo y una política monetaria que busca el equilibrio entre contener precios y fomentar la actividad económica. Los retos son múltiples y requerirán de un enfoque coordinado entre política fiscal, reformas estructurales y condiciones de seguridad para revertir esta tendencia negativa.