Plaga de casinos

El país afronta una epidemia de casinos, casas de apuestas y juegos de azar, causante de ruina, trastornos sicológicos y violencia.

«Apostar dejó de ser un acto marginal para convertirse en una práctica normalizada, omnipresente y agresivamente promovida.

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Casinos físicos se multiplican en ciudades grandes у pequeñas; las transmisiones deportivas están saturadas de anuncios de casas de apuestas; plataformas digitales prometen dinero fácil con un clic. Lo que se presenta como entretenimiento legal es, en realidad, un fenómeno con efectos corrosivos en la economía, la vida social y, sobre todo, en una juventud expuesta sin filtros a la lógica del juego permanente. Detrás del brillo de las luces y los jingles televisivos, se esconde una industria históricamente opaca, atravesada por favores políticos, vacíos regulatorios y, cada vez con mayor claridad, por flujos de dinero de origen ilícito» («Espacio 4», 786).

El analista señala al respecto: «La reciente intervención del Estado contra una red de casinos con operaciones irregulares no es una anomalía: representa la confirmación de un modelo que se permitió crecer sin control durante décadas. El bloqueo de operaciones en 13 casinos —físicos y virtuales— en ocho estados del país marcó un punto de inflexión.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identificó un patrón que confirma las peores sospechas sobre el sector: operaciones millonarias en efectivo, simulación fiscal, transferencias internacionales sin sustento y el uso de plataformas digitales fuera de cualquier supervisión real.

«La investigación interinstitucional, detallada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló esquemas financieros que dificilmente pueden explicarse como simples irregularidades administrativas. Se detectaron casinos que dispersaban recursos entre filiales para maquillar declaraciones, flujos de dinero enviados a países como
Rumanía, Suiza y EU sin justificación clara, y plataformas digitales que canalizaban pagos hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, territorios clave en la industria global del
juego en línea.

«El operativo derivó en denuncias ante la Fiscalía General de la República, notificaciones a la Procuraduría Fiscal, bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de actividades, tanto presenciales como digitales. En paralelo, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a personas e instancias vinculadas con presuntas operaciones financieras en favor del cártel de Sinaloa e impuso medidas contra 10 casinos mexicanos para evitar que sus recursos ingresaran al sistema financiero estadunidense.

«El común denominador fue el lavado de dinero. Aunque el Gobierno mexicano ha sido cuidadoso en no atribuir automáticamente los delitos a un grupo criminal específico, la mecánica descrita -uso intensivo de efectivo, prestanombres sin perfil económico, transferencias transnacionales y plataformas tecnológicas opacas- encaja con manuales clásicos de legitimación de recursos ilícitos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció, además, que el crecimiento explosivo de las apuestas digitales ha rebasado por completo la regulación vigente. Los anuncios están en redes sociales, en televisión, en transmisiones deportivas, sin que exista una supervisión efectiva sobre quién opera, desde dónde y con qué controles financieros.

«Para entender por qué México se convirtió en terreno fértil para la proliferación de casinos, hay que mirar hacia atrás. El auge no fue espontáneo ni accidental, se trata del resultado de decisiones políticas tomadas durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, bajo una lógica de liberalización sin transparencia.
Durante el sexenio de Fox, con Santiago Creel al frente de la Secretaría de Gobernación, se otorgaron 340 permisos para operar casinos, una cifra inédita que supera incluso los 229 permisos concedidos en los 30 años anteriores. Aquella avalancha de autorizaciones sentó las bases de una industria sobredimensionada, mal regulada y estrechamente vinculada a intereses empresariales y mediáticos».