Partidocracia reprobada

El financiamiento público a los partidos se disparó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Así pudo apaciguarlos y tenerlos contentos. Cada Presidente ha impulsado su propia reforma política, sobre todo después de elecciones controvertidas que sacudieron al régimen y lo pusieron a prueba. José López Portillo, por haber competido solo en 1976.

Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, por los fraudes electorales de 1988 y 2006.
Ernesto Zedillo, por el apoyo que recibió del aparato gubernamental para ganar. Y Peña Nieto, por el uso indiscriminado de dinero para comprar votos. La reforma de 2014 enriqueció a los partidos.

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De esa manera, Peña consolidó la alianza de facto entre las principales fuerzas políticas del país (PRI-PAN-PRD) y aseguró el voto de sus diputados y senadores para enmendar la Constitución.

En 2014 el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó a los partidos una bolsa por 4 mil 44 millones de pesos; al año siguiente, ya con la reforma peñista, subió a 5 mil 356 mpd, más del 30 por ciento.

En las elecciones generales de 2018, para Presidente y Congreso, el financiamiento escaló a 6 mil 788 mdp. EI PRI recibió 1,641; el PAN, 1,218; el PRD, 744; y Morena, 618. La diferencia se repartió entre las demás organizaciones. El presupuesto aumentó a 10 mil 444 mdp en 2024 por el número de cargos en disputa, más de 20 mil.

El financiamiento a los partidos ascenderá a 7 mil 737 mdp este año, no obstante que sólo habrá elecciones en Coahuila.

Los partidos no sólo reciben dinero federal.

Las enmiendas de 2014 también les abrió las arcas de los 32 estados con sumas casi equivalentes. La adicción al presupuesto explica el rechazo de las cúpulas partidistas a la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitarlo. La democracia no les preocupa tanto como sus bolsillos. La renovación de sus dirigencias ha sido todo, menos democráticas.

Alejandro Moreno (PRI) cambió los estatutos para eternizarse. Marko Cortés y Jorge Moreno (PAN) son extensión de Ricardo Anaya, quien ahora ostenta una senaduría plurinominal. La partidocracia paga a sus burocracias y se sostienen con recursos del erario sin mover un dedo. La votación y la militancia de los partidos tradicionales se ha desplomado.

Si los partidos dan señales de vida sólo cuando hay elecciones, el financiamiento público debería limitarse a los periodos de campaña. Las tareas ordinarias pueden sufragarse con trabajo, sorteos y aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.

El elevado abstencionismo -de 40 % o más, según la elección-, refleja la apatía de los partidos frente a un electorado escéptico y sin incentivos para acudir a las urnas. Los partidos figuran entre las instituciones peor calificadas del país; entre otras razones por privilegiar sus intereses. Sus líderes se refugian en el Congreso para mantenerse impunes. La eliminación del fuero les asusta.

El propósito de reducir el presupuesto no es empobrecer a los partidos, dice el periodista Eduardo H. Huchim, sino de «adecuarlos a la situación económica del país y de eliminar recursos que frecuentemente sirven para la compra e inducción del voto».

El exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal advierte, desde hace más de una década: «No es racional ni ética la existencia de partidos ricos en un país que, en su inmensa mayoría, no lo es».

Asimismo le parece conveniente «retirar de la Constitución las disposiciones puntuales sobre el financiamiento de los partidos políticos, habida cuenta de que ningún otro ente goza de ese injustificado privilegio».