Los agentes en el noreste del país llegan a ganar hasta 155% más que los policías de Tabasco, los peores pagados del país
En un contexto nacional en el que las corporaciones de seguridad luchan por ofrecer sueldos dignos, los estados de Nuevo León y Coahuila sobresalen: ambas entidades se encuentran entre los cinco estados con las policías estatales mejor remuneradas del país, según datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con cifras de 2025, el salario promedio mensual para policías estatales en Nuevo León se ubica en 27 mil 667 pesos, mientras que en Coahuila alcanza los 25 mil 819.63 pesos.
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Estos montos superan ampliamente el ingreso mínimo que se ha establecido como necesario para garantizar condiciones dignas a los policías en México —cifra fijada por el Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y el SESNSP en 18 mil 157 pesos mensuales—, lo que ubica a Nuevo León y Coahuila en una posición favorable en términos comparativos nacionales.
Aunque el estado de referencia en materia de salario policial sigue siendo Guanajuato —que encabeza la lista con un promedio de 28 mil 502.06 pesos mensuales —Nuevo León y Coahuila aparecen claramente dentro del top 5, por encima de la mayoría de las entidades federativas.
En contraste, las cinco entidades con los sueldos más bajos para los agentes policiacos son: Tabasco con 10 mil 845.40 pesos, Guerrero con 11 mil 910, Chiapas con 12 mil 926, Michoacán con 13 mil 154 y Baja California Sur con 14 mil 185 pesos.
El posicionamiento de estos estados sugiere que sus autoridades han procurado garantizar mejores condiciones económicas para sus corporaciones de seguridad, lo que potencialmente puede incidir en factores como retención de personal, moral institucional y eficacia operativa.
No obstante, el hecho de que los mejores sueldos se concentren en pocos estados también pone en evidencia las fuertes desigualdades salariales que persisten en las policías estatales del país.
En un momento en que las fuerzas de seguridad enfrentan desafíos de profesionalización, equipamiento y desgaste laboral, los casos de Nuevo León y Coahuila resaltan como ejemplo de políticas de compensación relativamente más generosas, aunque no garantizan por sí solos que se asegure una transformación profunda en el ámbito de la seguridad pública.