Poco más del 12% de presuntos criminales se procesa ante los juzgados de ambas entidades: Inegi
Nuevo León y Coahuila se ubicaron entre las entidades con mayor número de personas físicas procesadas o imputadas en causas penales durante 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal (CNIJE) presentado por el INEGI.
El reporte indica que Nuevo León registró 27 mil 084 personas procesadas, lo que lo coloca como el segundo estado del país con mayor número de imputaciones penales, únicamente por debajo de Baja California (30 mil 817). En tanto, Coahuila contabilizó 13 mil 918 personas, cifra que lo ubica dentro de los primeros diez lugares a nivel nacional.
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Estas personas fueron registradas en las causas penales ingresadas tanto al Consejo de la Judicatura Federal como a los Poderes Judiciales estatales. La gran mayoría de los casos corresponde a materia penal para adultos, mientras que la justicia para adolescentes representó solo entre 1% y 2% de los expedientes.
A nivel nacional, los poderes judiciales reportaron 159 mil 337 personas vinculadas o imputadas durante 2024. De ellas, 98.1% eran adultos y 1.9% adolescentes. El informe señala que 75.2% de las personas procesadas fueron formalmente vinculadas a proceso, mientras que en 18.8% de los expedientes no se identificó el tipo de determinación final.
En el caso particular de Nuevo León y Coahuila, el volumen de personas procesadas refleja la presión que enfrentan los sistemas judiciales estatales y la prevalencia de delitos del fuero común que continúan saturando los tribunales locales. El documento del INEGI subraya que estas cifras corresponden a procesos en curso dentro del Sistema Penal Acusatorio, así como a resoluciones emitidas por jueces de control y garantías.
Con estas cifras, Nuevo León y Coahuila permanecen en la parte alta del ranking nacional en materia de procesamiento penal, en un contexto donde la eficiencia del sistema de justicia y su capacidad para resolver expedientes siguen bajo la lupa pública, ya que 1 de cada 8 procesados en el país están en este par de entidades.