Ni Hernán Cortés se hubiera atrevido a hacer el Tren Maya

Treinta años de omisión: los Acuerdos de San Andrés y la reforma indígena que nunca llegó…

El próximo 16 de febrero de 2026 se cumplen treinta años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Treinta años de una promesa incumplida.

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Ningún gobierno —del PRI, PAN, PRD, Morena, PT o PVEM— ha cumplido cabalmente con lo pactado entre el Estado mexicano y el EZLN.

Todos han omitido, reducido o traicionado el contenido de esos acuerdos, que reconocían la autonomía, la libre determinación, los sistemas normativos propios y la participación plena de los pueblos originarios en la vida nacional.

En 2024, el Congreso aprobó una reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, pero lo hace exclusivamente en el artículo segundo de la Constitución. Esta versión reducida ignoró la propuesta integral entregada por el Pueblo Yaqui al Presidente de la República, resultado de una consulta nacional coordinada por el INPI. Aquella propuesta abarcaba diez artículos constitucionales (1, 2, 21, 26, 73, 99, 102, 115, 116 y 122), y fue silenciada por el Ejecutivo y por el propio INPI, que guardó silencio ante la directriz presidencial.

Mientras tanto, la presidenta ha expresado preocupación por el perdón que puedan ofrecer los españoles por los abusos cometidos durante la Conquista. Pero ¿de qué sirve un perdón simbólico si se omite el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés? ¿Qué sentido tiene mirar al pasado colonial si se ignora el presente indígena? La analogía histórica es inevitable: desde la invasión de Cortés hasta los megaproyectos actuales, el despojo indígena continúa.

De hecho, ni Hernán Cortés se habría atrevido a construir el Tren Maya. El daño ecológico, cultural y espiritual que ha causado este proyecto en la selva maya es una herida abierta. Fragmentación de ecosistemas, desplazamiento de comunidades, destrucción de territorios sagrados: todo en nombre del desarrollo. Cortés, con todo su afán de dominio, no habría tenido la maquinaria ni el cinismo para dinamitar la selva en nombre del progreso.

La paradoja se vuelve insultante cuando se compara la inversión en Badiraguato —municipio sinaloense conocido por ser cuna de capos del narcotráfico— con el abandono de Chiapas. Mientras allá se construyó una carretera de $2,874 millones de pesos y se recibieron cinco visitas presidenciales, acá se negó una vía que cuesta la mitad y conecta comunidades que aún caminan tres horas para llegar a una clínica. ¿Qué mensaje envía el Estado cuando invierte más en la tierra del narco que en la tierra de la dignidad?

La carretera Guadalupe Tepeyac–San Quintín–Ocosingo no es un lujo: es una arteria de justicia que conecta 23 comunidades indígenas de Las Margaritas, Ocosingo y San Andrés Larráinzar. Su impacto es vital:

Reducción de traslados de 6 a 2 horas.
Acceso a salud, educación y justicia para más de 20 comunidades.
Conexión productiva con mercados regionales y rutas turísticas.
Desconcentración poblacional en la Reserva de Montes Azules.
Fortalecimiento de economías comunitarias (café, miel, maíz, artesanías).
Los datos son contundentes:

90.9% de pobreza multidimensional en Ocosingo.
59.7% en pobreza extrema.
86.8% de población indígena, 74% habla lengua originaria.
Solo 2.5% de las viviendas tienen acceso a internet.
Mortalidad materna: 26 muertes en 2025.
Migración forzada: Chiapas es el segundo estado que más población expulsa hacia Baja California.
Un plan quinquenal de $2,443.2 millones de pesos —apenas el 6.18% del gasto anual en mantenimiento de cuatro megaproyectos federales— podría transformar esta realidad. Vivienda, salud, educación, caminos, agua, alimentación, apoyo agropecuario, puentes y casas comedor comunitarias: no son lujos, son derechos básicos.

Treinta años después de San Andrés, la palabra “consulta” debe recuperar su sentido ético. Y el silencio institucional debe ser interpelado por la voz colectiva. La reforma indígena no puede ser una concesión. Debe ser un acto de justicia.

Los Pueblos Indígenas no se rinden. Pero el Estado debe decidir si quiere seguir rindiéndose ante el olvido, o si está dispuesto a mirar al sur, reconocer su deuda y empezar a saldarla con hechos, no con discursos.