Negar la crisis de desapariciones también es violencia institucional

En México, la desaparición de personas dejó de ser una tragedia aislada hace mucho tiempo. Hoy es una crisis estructural, sostenida en el tiempo, extendida en el territorio y profundamente arraigada en la vida cotidiana de miles de familias.

Lo verdaderamente alarmante no es solo su dimensión, sino la respuesta del Estado: negar, minimizar o matizar el problema se ha convertido en una forma más de violencia.

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Cuando expertos de organismos internacionales como la ONU advierten que en México existen patrones que apuntan a desapariciones sistemáticas, la reacción institucional no ha sido de autocrítica, sino de defensa. Se rechaza el diagnóstico, se cuestiona la narrativa y se insiste en que no hay una política de Estado detrás de esta crisis. No se trata de cómo se nombra el fenómeno, sino de cómo se enfrenta o se evade.

Negar la magnitud de las desapariciones no reduce el número de víctimas. Tampoco consuela a las madres que buscan en fosas clandestinas, ni fortalece las capacidades de las fiscalías, ni garantiza justicia. Lo que sí hace es perpetuar la impunidad.

Porque cuando el Estado niega, envía un mensaje doblemente devastador: primero, que no reconoce plenamente a las víctimas; segundo, que no está dispuesto a asumir su responsabilidad. Y en ese vacío, la violencia se normaliza.

La discusión de fondo no debería centrarse en si existe o no una política deliberada de desaparición, sino en algo más incómodo: ¿por qué siguen ocurriendo? ¿por qué no se investigan con eficacia? ¿por qué las familias hacen el trabajo que le corresponde a las autoridades? La omisión, la incapacidad o la indiferencia también construyen responsabilidad.

La realidad nacional alcanza a todos. Pensar que se trata de un problema ajeno es una ilusión peligrosa. La crisis no reconoce fronteras administrativas.

La postura del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, enfrenta hoy uno de sus mayores dilemas: sostener una narrativa de control y transformación o reconocer una herida abierta que no ha dejado de sangrar. La tentación de lo primero es comprensible en términos políticos, pero profundamente cuestionable en términos humanos.

Aceptar la crisis no debilita al Estado. Lo fortalece. Porque solo a partir del reconocimiento pleno es posible diseñar políticas públicas eficaces, asignar recursos adecuados y, sobre todo, reconstruir la confianza de una sociedad que ha aprendido a buscar sola.

Negar, en cambio, es una forma de abandono. Y el abandono, cuando se trata de personas desaparecidas, también es violencia.

Ante ese abandono y esa negación, son las familias, madres, padres, hijos, hermanas,  quienes terminan convirtiéndose en buscadoras. Son ellas quienes recorren desiertos, escarban la tierra y siguen pistas que el Estado nunca siguió. En ausencia de respuestas, asumen una tarea que no les corresponde y que debería ser responsabilidad de las autoridades.

Mientras tanto, las instituciones continúan evadiendo su obligación, postergando la verdad y acumulando expedientes de casos que llevan años, incluso décadas, sin el hallazgo de sus desaparecidos. Porque cuando el Estado no busca, no solo falla: también abandona.