Los riesgos de ‘La Escuela es Nuestra’

El programa federal “La Escuela es Nuestra” nació con el propósito de promover la participación de la comunidad escolar mediante la conformación de un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), que decidirá, en acuerdo con la Asamblea, el uso de los recursos destinados a dignificar las condiciones de los espacios educativos públicos en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

En teoría, es un modelo que empodera a las escuelas, docentes y padres de familia, elimina intermediarios y acelera, entre otras cosas, la ejecución de obras. Sin embargo, en la práctica, sus reglas de operación dejan un vacío alarmante: se entregan recursos de hasta 600 mil pesos a los comités escolares sin exigir un plan técnico, dictamen estructural o autorización de seguridad previa cuando se decide ejecutar algún tipo de obra en la institución. 

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Así lo establece la propia normativa publicada por la Secretaría de Educación Pública y el Diario Oficial de la Federación. El dinero llega primero, y la verificación llega —si acaso— después. La supervisión profesional no es un requisito, ni la participación de ingenieros, arquitectos o Protección Civil una obligación. Toda la responsabilidad recae en padres de familia y docentes que no tienen el conocimiento profesional para decidir si es una obra segura o no.

La consecuencia de este diseño institucional no es menor. Un niño perdió la vida en San Pedro de las Colonias, Coahuila, cuando una estructura metálica en construcción colapsó dentro de una escuela beneficiada por este programa. Lo ocurrido no puede reducirse a un accidente fortuito ni a un “error de los comités escolares”. Es el resultado de una falla estructural en las reglas de operación que, al privilegiar la rapidez y, muy probablemente, la popularidad de un partido o de un gobierno por encima de la seguridad, deja a las comunidades expuestas a tragedias que podrían haberse evitado.

A pesar de ello, los diputados locales de Morena a quienes se les cuestionó sobre este tema han optado por minimizar el problema. El diputado Alberto Hurtado insiste en que “no se debe politizar” el caso y que el Gobierno Federal “solo entrega el dinero”, como si esa frase bastara para deslindar responsabilidades. Pero justamente ahí radica la cuestión: ¿no es ese el problema? ¿Un gobierno que distribuye recursos sin garantizar que se cumplan normas de seguridad no está, acaso, fallando en su deber más básico?

La diputada Delia Hernández, también de Morena, reconoció que no conoce las reglas de operación a detalle, aunque admitió que el caso obliga a una revisión profunda. Al menos fue honesta. Pero el silencio o la evasión de quienes representan al partido en el poder no sólo desinforma: normaliza la negligencia.

Si la discusión se centra en evitar “politizar” una tragedia, lo que realmente se logra es blindar políticamente un error institucional. Porque el análisis no está en el color del programa, sino en el fondo del diseño. La ausencia de peritajes, supervisión técnica y control de calidad en obras escolares no es una opinión: es un hecho comprobable en los documentos oficiales.

Negarse a debatirlo por lealtad partidista sí es politizar. Y hacerlo frente a la muerte de un menor es, además, algo lamentable.

“La Escuela es Nuestra” no puede seguir operando bajo la lógica de la confianza ciega. Actuar de buena fe ha dejado hoy una pérdida humana. Si el Estado delega en las comunidades la gestión de obras, debe acompañarlas con capacitación, vigilancia técnica y responsabilidad compartida con profesionales de la construcción, peritos y dependencias. Entregar dinero sin control no es empoderamiento ciudadano: es abandono disfrazado de participación social.

En lugar de reconocer el problema de fondo, diputados de Morena prefirieron defender al programa y culpar a los medios. El diputado Alberto Hurtado insistió en que “no se debe politizar” el caso y que “el Gobierno Federal solo entrega el dinero”. Pero esa frase, más que aclarar, confirma el vacío: ¿cómo puede un gobierno eximirse de responsabilidad si los fondos provienen del erario y se destinan a obras públicas en espacios donde estudian niños?

Negar el problema por cuidar la imagen de un programa o de un gobierno no resuelve las deficiencias estructurales que hoy cuestan vidas.

Porque aquí no se trata de colores ni partidos: se trata de niños que asisten a escuelas donde la seguridad no está garantizada. Y si la discusión se reduce a evitar “politizar”, lo que realmente se hace es proteger políticamente una falla institucional.

Politizar no es cuestionar lo que está mal; politizar es callar por conveniencia.

Los docentes y padres de familia que integran estos comités escolares también están preocupados. Ellos, de buena fe, gestionan proveedores, empresas y servicios, mientras que los directivos tramitan los permisos públicos. Pero, ¿quién los capacitó? ¿Dónde se establece que dichas obras deban contar con el aval de Protección Civil o de instancias especializadas? ¿De quién es, entonces, la responsabilidad primaria?

La Escuela es Nuestra no puede seguir operando sin control técnico, sin dictámenes profesionales y sin supervisión estructural. De lo contrario, seguirá siendo un ejemplo doloroso de cómo un programa bien intencionado puede convertirse en una tragedia anunciada.

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