El interés de la oposición, algunos medios de comunicación, la «comentocracia» y los poderes fácticos por José Ramón, Andrés Manuel, Gonzalo Alfonso (López Beltrán) y Jesús Ernesto (López Müller) no es por ellos.
El objetivo de su inquina es quien los venció y les retiró prebendas y poder. Cualquier delito o abuso de autoridad debe ser investigado y sancionado de acuerdo con la ley, pero esto ocurre raras veces; no sólo en México, sino en el mundo.
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La Casa Gris, rentada por José Ramón en Houston a un contratista de Pemex, quiso equipararse a la Casa Blanca que el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces esposa Angélica Rivera adquirieron en 7 millones de dólares a una empresa vinculada con el Gobierno federal (Grupo Higa) en Lomas de Chapultepec. El caso lo sacaron a la luz el Centro Internacional para Periodistas (ICEJ, por sus siglas en inglés) y Aristegui Noticias en noviembre de 2014, segundo año del Gobierno peñista.
La investigación sobre la Casa Gris la realizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dirigida por María Amparo Casar. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el arrendamiento de la casa en Houston representara un conflicto de interés.
Su hijo quizá recibió un trato especial por el puesto de su padre, pero no era funcionario. Para averiguar si el alquiler de la vivienda de uno de sus ejecutivos a López Beltrán y a su esposa, Carolyn Adams, había sido irregular, la empresa Baker Hughes contrató al bufete Grupo R. McConnell. Según el dictamen, no existió conflicto de interés ni Baker Hughes obtuvo beneficios (Aristegui Noticias, 21.0.22).
En el asunto de la Casa Blanca, Peña Nieto se exoneró a sí mismo y a su esposa del delito de conflicto de interés a través de un subalterno, Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública (SFP). El Presidente se disculpó, el caso se cerró y la vivienda jamás se ocupó.
La SFP también absolvió al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de una casa en Malinalco, al Grupo Higa, con una tasa de interés preferencial. The Wall Street Journal destapó el escándalo en 2015. Ese mismo año, The Economist dedicó un editorial sobre la corrupción en nuestro país titulado El Pantano Mexicano (The Mexican Morass).
Los hijos de AMLO han sido señalados por MCCI de supuesto tráfico de influencias en la contratación de obra pública. La especie de que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán se habían amparado para evitar ser detenidos por el supuesto contrabando de combustible la dieron a bombo y platillo Reforma y otros medios de comunicación adversos a AMLO, la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum.
El viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Japón, el año pasado, y de José Ramón, a Houston, en diciembre, donde fue retratado al salir de una «tienda de ultralujo» con una bolsa en la mano, se usaron para sustentar las incongruencias de la austeridad republicana de su padre. En las fotografías no aparecen guardaespaldas.
Los hijos de los expresidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto no fueron vigilados ni despertaron tanto interés mediático, casi obsesivo, como los de López Obrador, no obstante sus excentricidades, vida de lujo, privilegios, señalamientos de tráfico de influencias y escándalos.
Uno de ellos estuvo involucrado con la secta sexual NXVI. La intención salta a los ojos: debilitar a la 4T, a su fundador, a su continuadora, Claudia Sheinbaum, y restarle base social a Morena.

Gerardo Hernández
GERARDO HERNÁNDEZ es periodista desde hace más de 40 años en Coahuila. Director General de Espacio 4.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autor, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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