Los extraditados

«Nada cambiaría mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada».
George Orwell

La carrera de Ney González se asemeja a la de otros políticos de la transición. Recuperó el poder —como Enrique Peña Nieto la presidencia— solo para demostrar que mientras la alternancia interrumpe su ejercicio, la corrupción cobra con intereses cuando se reasume. Gonzalez gobernó Colima en el mismo sexenio (205-2011) que Humberto
Moreira ostentó el puesto en Coahuila.

Previamente fueron alcaldes de sus respectivas capitales (Tepic y Saltillo).
González carga con un rosario de delitos. El principal es por haber vendido ilegalmente millones de metros cuadrados de playa (del Fideicomiso Bahía de Banderas) a precio de cacahuates. La operación produjo pérdidas por 100 mil millones de pesos. El político huyó hace cuatro años a un país desconocido. La Fiscalía General de la República (FGR)
descubrió el mes pasado su paradero e inició los trámites para su captura y extradición.

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El Gobierno de Nayarit, a cargo de Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), acusa a González de administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude por simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos
(Reforma, 11.12.25). González ganó la gubernatura en 2005 al propio Navarro
Quintero, postulado entonces por el PRD, por un margen de apenas cuatro puntos (46 %-42 %). El PAN, que era el partido gobernante, cayó al tercer (6 %).

González será el sexto exgobernador priista extraditado a México. El primero, Javier Duarte (Veracruz), fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acusó al presidente Peña Nieto de traición. Se declaró culpable y recibió una condena de nueve años, la cual está por cumplir. Roberto Borges (Quintana Roo) intentaba huir a París, cuando la policía lo capturó el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto de Panamá. Se le acusa de lavado de dinero.

La detención de Tomás Yarrington (Tamaulipas) ocurrió el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, con base en una ficha roja de la Interpol. En 2018 fue extraditado a Estados Unidos donde era acusado de tráfico de drogas, extorsión, fraude y blanqueo de capitales. Después de aceptar que lavó dinero y recibió sobornos durante su ejercicio de gobernador, un juez lo puso nueve años entre rejas.

La sentencia se redujo 12 meses después de un acuerdo. El Departamento de Justicia lo deportó a México en abril de 2025 para afrontar cargos por delitos contra la salud. El 16 de octubre pasado, un tribunal federal le dictó auto de formal prisión por narcotráfico Y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

César Duarte (Chihuahua) fue extraditado de Miami, Florida, el 2 de junio de 2022. Su relación con la gobernadora panista, María Eugenia Campos, a quien, antes de ser elegida, tenía en una nómina secreta, le permitió obtener libertad provisional.

La FGR lo reaprehendió el 8 de diciembre y lo internó en un reclusorio federal de máxima seguridad por lavado de dinero. Fuera del estado, la gobernadora Campos no podrá liberar a Duarte como lo hizo cuando estaba bajo su jurisdicción en la cárcel de Aquiles Serdán.

El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue extraditado al norte del Bravo por «realizar transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que él recibió a cambio de asignar contratos de construcción de carreteras en Coahuila»
(ICE). Se declaró culpable y recibió una sentencia de tres años de prisión, que ya cumplió.

El exgobernador Mario Marín (Puebla) reingresó al penal del Altiplano tras revocarse la prisión domiciliaria. El priista ordenó en 2005 detener y torturar a la periodista Lydia Cacho, a petición del empresario Kamel Nacif.

El veracruzano Javier Duarte permanecerá en el Reclusorio Norte, luego de que una jueza le negó la libertad anticipada por no cumplir con las normas. La elección judicial adolece de vicios, ciertamente, pero al menos los márgenes de impunidad de los políticos se han empezado a reducir.