Coahuila cerró 2025 con 239 puntos de extracción ilegal de hidrocarburos detectados en su territorio, lo que lo colocó como el segundo año consecutivo con mayor número de hallazgos, pese a una baja respecto a 2024.
La información se desprende de datos operativos que registran actividad delictiva en ductos de Petróleos Mexicanos y que evidencian una tendencia creciente desde 2019.
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Aunque 2025 presentó una disminución respecto al máximo histórico del año previo —cuando se documentaron 454 tomas— los registros confirman que el estado continúa entre las entidades con mayor presencia de este delito.
Entre enero y septiembre del año pasado se concentró el total de los hallazgos, periodo en el que se mantuvieron activos grupos dedicados al drenaje ilegal de combustibles.
El comportamiento nacional también reflejó una problemática sostenida. Las pérdidas económicas para Pemex superaron los 27 mil millones de pesos en 2025, impulsadas por un repunte del 33% durante el primer semestre respecto al mismo periodo de 2024.
En promedio, la petrolera dejó de percibir más de 72 millones de pesos diarios debido al robo de combustible.
Los reportes técnicos indican que las tomas detectadas en Coahuila suelen instalarse en zonas donde la presión de los ductos facilita la extracción y canalización del producto hacia vehículos de carga. Las revisiones señalan que la mayoría de las conexiones clandestinas se ubicaron en los tramos que atraviesan la región sureste del estado.
Por municipios, Ramos Arizpe encabezó las detecciones con 56 puntos asegurados entre enero y septiembre de 2025. Le siguieron San Pedro con 32, Torreón con 16, Frontera con 5 y Francisco I. Madero con 4, además de hallazgos aislados en Monclova y Sabinas.
El análisis de la última década confirma que el fenómeno se intensificó a partir de 2019, con picos en 2023, 2024 y 2025. Aunque el descenso frente al año anterior representa un respiro estadístico, los indicadores mantienen a Coahuila dentro del mapa nacional del “huachicoleo” y muestran que la extracción ilegal de hidrocarburos continúa como una de las principales amenazas al patrimonio estatal y federal