La transparencia, deuda pendiente del nuevo Gobierno mexicano

Cuando la información pública es accesible, clara y verificable, la confianza en las instituciones aumenta; cuando no, ocurre lo contrario. Y, hasta el momento, la administración actual, transparente, transparente, no ha sido

De acuerdo con Adolfo Gilly (2017), la transparencia es la cualidad de no ocultar nada. En este sentido, una institución u organización transparente es aquella que cuenta con políticas y acciones que ponen a disposición información referente a diversas materias, como el funcionamiento de sus procedimientos internos, la gestión de sus recursos financieros y humanos, la calidad de los bienes o servicios que ofrece y el desempeño de sus funcionarios, entre otras. Sin embargo, en el caso del Gobierno Federal, al momento, no ha sido así.

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Para unas cosas se aclama a las decisiones de todos, pero cuando se trata de cumplir acuerdos políticos previos con las diferentes tribus del partido, entonces ahí no hay consenso público. Eso es lo que no ha medido Claudia Sheinbaum ni su equipo de asesores.

La transparencia es un pilar de la democracia, pues brinda a quien gobierna confiabilidad. No se trata de “informo lo que quiero informar”, sino de “informo todo lo que concierne a la cosa pública”, porque si de veras quieren hacer a un lado la opacidad de la que acusan a quienes nos gobernaron en otro momento, las decisiones, acciones y recursos del Gobierno Federal deben ser conocidos, revisados y cuestionados por las personas a quienes representan y sirven. La opacidad es terreno fértil para la corrupción; la transparencia, por el contrario, habilita mecanismos de control social, auditoría ciudadana y fiscalización. Eso, hasta el momento, se ha visto un tanto cuanto.

Por ejemplo, las adjudicaciones directas en contratos públicos; las inconsistencias en plataformas de contratación pública (concursos, montos, beneficiarios); las denuncias de que algunos contratos carecen de expedientes públicos, facturas, justificantes u hojas de ruta clara; el tema de la discrecionalidad, que sigue viento en popa como en otros tiempos y, por supuesto, la falta de sanciones ejemplares a servidores públicos por irregularidades. También casos como la ausencia de datos claros sobre lo que se gasta, procesos claros de licitación, comunicación accesible, canales de consulta, nombramientos que sólo han beneficiado a gente afín al partido, los coloca en una condición similar a la de quienes ya nos gobernaron. La transparencia es el insumo básico para la participación informada, y eso no está ocurriendo.

Para ser transparente no basta con informar en las mañaneras; la transparencia requiere de una cultura organizacional, sistémica y holística, orientada a la apertura, honestidad, autenticidad, sinceridad, pero sobre todo a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por supuesto, existen ámbitos donde se requiere la confidencialidad (protección de datos personales, seguridad nacional, investigaciones judiciales en curso, secreto industrial, el sigilo, por puesto, que se ocupa, en fin), pero la democracia requiere de hacer a un lado la opacidad. No se trata aquí de cribar entre qué informamos y qué no.

La queja generalizada de quienes no tienen membresía en el hoy partido oficial y entre quienes no son simpatizantes, es que no hay un mismo racero de análisis y de objetividad en los juicios. La sinceridad es a la persona lo que la transparencia –en este caso– es a los partidos. Se contrapone al engaño, a la mentira, a la falsedad y a todo aquello que nos impide ver la realidad. En el plano personal, ser sincero es ser digno de confianza. En lo público, ser transparente es la garantía de quien activamente quiere evitar cualquier suspicacia que tenga que ver con la corrupción.

Está claro que muchos problemas asociados a la opacidad no dependen de la Presidenta, sino de estructuras institucionales anquilosadas que llevan años operando de la misma forma, sin que se vea intención ninguna de cambio. No basta con el discurso, es fundamental la práctica. Se requiere de evidencia, de documentos públicos, de procedimientos claros, de auditorías constantes, de rendir cuentas de forma cotidiana. No tengo ninguna duda de la honestidad de Claudia, pero sí de muchos que siguen siendo parte de la estructura que ella encabeza.

Algunos seguimos sin entender algo tan simple como el hecho de rodearse de tantos personajes que tienen bien ganada la fama de corruptos, oportunistas y advenedizos, que ahí siguen, a la vista y placeándose cada que les es posible. ¿Por qué la práctica de seguir pagando factura a personajes indeseables? ¿Dónde quedó aquello de que “no somos iguales”? Algo tan simple como lo que vivimos esta semana, la “renuncia” de Gertz Manero: ¿85 años? ¿Embajador de México en Alemania? ¿Qué sentido tiene esto, de que se trata?, ¿qué se cubre?, ¿qué se paga? Y algo que es común a la transparencia: ¿Dónde quedó, en un caso como este, el tema consubstancial a la transparencia, la rendición de cuentas?

Ni duda cabe de que Claudia Sheinbaum llegó legítimamente al poder con un margen amplio en la votación el año pasado. Pero la legitimidad democrática no depende de lo que ocurre en las elecciones, sino también de la manera en la que se ejerce el poder. Porque cuando la información pública es accesible, clara y verificable, la confianza en las instituciones aumenta; cuando no, ocurre lo contrario. Y, hasta el momento, la administración actual, transparente, transparente, no ha sido. Se siguen tomando decisiones en lo oscurito y no de cara al pueblo, como lo dicen una y otra vez.

Así las cosas.