La ruta contra la libertad de expresión

De 2018 a 2024, Andrés Manuel López Obrador desmanteló los frágiles cimientos del proyecto democrático iniciado en el año 2000 con el arribo de Vicente Fox Quesada.
Desapareció o agregó a la estructura de gobierno los organismos públicos autónomos obligados, por ley, a restringir los excesos del Poder Ejecutivo.

Modificó el lenguaje de la conversación pública para sustituir los términos “ciudadanía” por “pueblo” y “democracia representativa” por “democracia popular”.

Denostó, hasta el cansancio, desde el púlpito de las “Mañaneras”, a las voces críticas contra la 4T para desplazarlas de sus espacios mediáticos y reemplazarlas por analistas cercanos al régimen.

Impulsó una generación de reporteros, editorialistas e influencers con el sello de la 4T fijo entre ceja y ceja. Muchos de ellos fueron instrumentales para fijar el rumbo de la conversación pública en las “Mañaneras”.

Doblegó, bajo el criterio de rentabilidad económica, a los dueños de medios de comunicación nacionales para “normalizar” y adecuar su línea editorial a la visión ideológica de la 4T.
Desapareció la división de poderes, columna vertebral de la democracia, en nuestro país.

Restringió al mínimo el ejercicio de nuestras garantías individuales y derechos humanos fundamentales. Y dejó en manos de un Poder Judicial partidista −y, por ende, discrecional− el ejercicio y defensa de dichas garantías y derechos.

Minimizó el uso del amparo para que el ciudadano común (editorialista o reportero, también) pudiera defenderse de las arbitrariedades del Poder Ejecutivo.

Luego, Claudia permitió que gobernadores morenistas iniciaran, de manera arbitraria, la censura de la libertad de expresión:

Ejemplo 1: El 13 de junio de 2025 fue aprobada en Puebla la “Ley de Ciberasedio”, que modificó los artículos 258, 278, 404, 479 y 480 del Código Penal para tipificar −de manera vaga y ambigua− como “ciberasedio” el usar redes sociales para “insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar” a otra persona. Y castigar con hasta tres años de prisión y multas a la persona que transgreda esta norma.

Ejemplo 2: En junio de 2025, Michoacán aprobó una reforma contra la “apología de la violencia”, que penalizará, en medios digitales, expresiones que se interpreten como tales, bajo términos tan vagos que podrían criminalizar la sátira o el análisis político.

Las multas llegan hasta los 200 mil pesos e incluso penas privativas de libertad, lo cual alarma a juristas por su potencial para silenciar la crítica ciudadana”.

Ejemplo 3: El 24 de junio de 2025, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso a Jorge Luis González Valdez y al medio digital Tribuna Campeche por el presunto delito de “incitación al odio” y difamación contra la gobernadora Layda Sansores. La jueza cesó las operaciones de la Tribuna Campeche con más de cinco décadas de trayectoria, el cierre inmediato de la plataforma digital del diario, suspendió el ejercicio periodístico de González Valdez por dos años y lo obligó a pagar una multa de 2 millones de pesos.

Instigó a senadores y diputados federales morenistas a buscar la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tendría cuatro componentes que limitarían la libertad de expresión de manera puntual:

1) Concentraría facultades en una persona −José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones− para decidir los contenidos por transmitir en diferentes plataformas, incluyendo internet y redes sociales.

2) Bloquearía plataformas digitales sin orden judicial o control administrativo.

3) Regularía o prohibiría contenidos extranjeros y generaría conflictos con la libertad de expresión y la libre circulación de ideas.

4) Existe, a la fecha, una falta de transparencia y participación en la discusión y aprobación de la ley por parte de los afectados: la sociedad civil y los cibernautas.

Facilitó que senadores y diputados federales morenistas puedan aprobar cuatro reformas de seguridad interconectadas (la de materia de Personas Desaparecidas, la general de Población, la de Telecomunicaciones y la de investigación e inteligencia) que, bajo el pretexto de “seguridad nacional”, permitirían acceder a la vida privada de cualquier mexicano con tan sólo teclear su CURP para ubicar su localización en tiempo real, su fotografía, sus huellas digitales, sus compras digitales, las placas de su automóvil, su registro fiscal, su visita a restaurantes, su hospedaje en hoteles, etcétera.

Hoy, el régimen autoritario populista en México es una realidad oscura, terrible y dolorosa.