La captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero, y la extradición -en proceso- del exmandatario nayarita, Ney González, por múltiples delitos, abren un resquicio para que la Fiscalía General de la República (EGR), ahora a cargo de Ernestina Godoy, investigue la deuda de Coahuila contratada ilegalmente y las denuncias por peculado y desvío de fondos a empresas fantasma durante el moreirato.
No obstante la cuantía del quebranto -podría rondar al menos los 15 mil millones de pesos-, el daño social, el impacto mediático, dentro y fuera del país, y los efectos políticos, los presidentes Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) se desentendieron del caso.
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Uno se lavó las manos, otro tuvo manga ancha con el clan, y quien prometió «barrer la corrupción de arriba abajo», hizo la vista gorda.
Cuando todo anunciaba que el clamor de justicia de los coahuilenses sería ignorado por un sistema judicial -estatal y federal- venal, y comparsa del poder político y económico, surge una luz. La «megadeuda» es el elefante en la habitación. Su ausencia de la agenda política, legislativa y mediática no lo borra.
Coahuila paga, desde hace 15 años, 19 millones de pesos diarios en promedio por servicio de la deuda. Decenas de miles de millones de pesos han dejado de invertirse en ese lapso en escuelas, hospitales, puentes, carreteras, infraestructura hidráulica y servicios. Las promesas de negociar quitas de capital con los bancos, por haber prestado a ciegas, son engaños.
El dinero, como el paquidermo de la sala, tampoco se esfuma. Cambia de lugar y de destino. Salta de las arcas públicas a las cuentas de políticos voraces e inescrupulosos.
Y en vez de infraestructura urbana y de obras en los sectores más necesitados, aparecen ranchos, plazas comerciales, fraccionamientos campestres, radiodifusoras, residencias en barrios exclusivos, hoteles y otros negocios.
La sentencia de Juan Barranco, Alcalde de Madrid y presidente del Partido Socialista Obrero Español entre finales de los 80 y mediados de la década pasada, resuena: «El poder sólo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e inmorales a los que ya lo eran antes».
Las denuncias penales por el endeudamiento irregular (sin autorización del congreso, uso de documentos falsos, operaciones simuladas para tener liquidez inmediata) y las empresas fantasma, presentadas por la Auditoría Superior del Estado en la segunda mitad del moreirato, han chocado con los muros de la impunidad. No hay carpetas de investigación.
La consigna para no ejercer acción penal o esperar la prescripción de los delitos la han seguido a pie juntillas los fiscales sucesivos.
El Sistema Estatal Anticorrupción tiene por tarea proteger a los responsables de la deuda, no encauazarlos. «Funcionarios menores fueron los chivos expiatorios», acusa un exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia.
La deuda es un laberinto para burlar la justicia. Así se pensó. Mientras «el mayor escándalo de endeudamiento público de un estado en la historia del país» (cita de IA), el enriquecimiento ilícito y el desvío de fondos en Coahuila sean ignorados por el Gobierno federal, la impunidad está asegurada.
Expedientes que se creían cerrados, y delitos solapados por el poder político y jueces a su servicio, en Chihuahua y Colima han sido reabiertos. El venal y arrogante César Duarte ha sido internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde «El Chapo» Guzmán se fugó en 2015.
El manto de la gobernadora panista María Eugenia Campos ya no podrá cubrirlo. A Ney González les espera la extradición y la sombra.
Gerardo Hernández
GERARDO HERNÁNDEZ es periodista desde hace más de 40 años en Coahuila. Director General de Espacio 4.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autor, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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