Jóvenes marginales en Coahuila: ¿Qué hacer?

¿Es posible edificar instituciones estatales que partan en su actuar desde las necesidades más sentidas del joven marginal pobre en Coahuila? Es difícil pero posible.

El objetivo sería doble: abrir posibilidades a ese joven de un futuro alternativo distinto a las adicciones y/o la criminalidad y reducir la violencia que emerge de esos ghettos, llamados también colonias populares o comunidades rurales, hacia la sociedad en general.

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Evidentemente la fuerza del Estado es indispensable pero acompañada de una política pública interinstitucional bien articulada, con el sello de la prevención forjado en su frente, para impactar de manera integral en la vida y el futuro de esos jóvenes marginales.

De esta manera, caminarán con igual visión la fiscalía estatal, las secretarías de Seguridad Pública, Mujer, Educación, Cultura, Salud, Trabajo, Vivienda, Inclusión y Desarrollo Social; y del gabinete ampliado, el DIF estatal y el ICOJUVE.

Los pasos metodológicos para diseñar esa política pública corren casi de manera simultánea:

Contratar un equipo multidisciplinario externo, de seis expertos (un economista, un psicólogo social, un sociólogo, un antropólogo y un demógrafo) para apoyar al responsable del gabinete estratégico estatal en la coordinación del diseño e implementación de dicha política pública.

Elaborar un diagnóstico -cuantitativo y cualitativo- de la condición del joven marginal en los 38 municipios del estado para conocer sus necesidades más sentidas por ser la piedra angular de la política pública a construir.

Revisar con sentido autocrítico la efectividad -costo-beneficio e impacto real, no demagógico- de los programas existentes en las vidas de los jóvenes. Este esfuerzo eliminaría los programas -fruto de la ocurrencia- y descartaría aquellos que no son evaluados por su incidencia real en la vida de los jóvenes pobres.

Este esfuerzo excluiría de tajo dos situaciones muy comunes en la atención a los jóvenes. Más aún, despertaría a las dependencias que hacen poco o nada por esos jóvenes.

Empatar los programas que hayan pasado el filtro -por efectividad e impacto- con las necesidades sentidas de los jóvenes resultantes del diagnóstico; y diseñar, con estándares metodológicos sólidos, los programas -por dependencia- que serán parte de esa política pública integral.

Realizar una búsqueda de las mejores prácticas nacionales e internacionales de trabajo con jóvenes pobres para nutrir el diseño de los programas de cada dependencia.
Elaborar una estrategia de aterrizaje de la política pública interinstitucional de acuerdo con la realidad de cada una de las cinco regiones del estado.

Diseñar un sistema de indicadores que permitan monitorear -de manera pública- en el sitio web del gobierno estatal las acciones y los resultados de dicha política.

Integrar a un grupo de cinco-siete jóvenes -mujeres y hombres- de cada región para ser testigos del diseño, implementación, monitoreo e impacto de la política pública.

Mantener, por parte de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estatal las condiciones de seguridad en cada colonia popular o comunidad rural para implementar dicha política.

Realizar una reingeniería organizacional profunda en el INEDEC para orientar sus capacidades institucionales en una dirección distinta y, me atrevo a decir, nunca imaginada por los directores -con excepción de uno- que han pasado por ahí.

De realizarse una política pública interinstitucional de esta magnitud para atender al joven marginal desde sus necesidades más sentidas, Coahuila asumiría la vanguardia a nivel nacional en el tema. Y fortalecería, desde otro ángulo, el modelo de seguridad pública existente; lo cual apuntalaría la imagen del gobernador Manolo Jiménez, quien ha logrado consolidar gran parte de su capital político, en sus dos primeros años, en esa dirección.

Nota: Esta reflexión editorial parte, con los ajustes del caso, de una consultoría que realicé al gobernador Rogelio Montemayor Seguy en los años 90’s.