Impunidad, traba a la justicia y la democracia

Se requiere fortalecer a las instituciones, a la transparencia, a la rendición de cuentas, así como a la cultura de la denuncia.

Según Roy Campos, dueño de Mitofsky –empresa que se dedica a realizar encuestas políticas en territorio nacional–, la presidenta Claudia Sheinbaum goza de un 72 por ciento de las preferencias de la población en México. Podríamos argüir una buena cantidad de razones al respecto; incluso podría ser mayor su aprobación si dejara de utilizar los discursos incendiarios que ha heredado de su antecesor y si se aplicara a combatir la impunidad ejerciendo toda la fuerza de la ley que, por esencia, corresponde al Estado.

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Por ejemplo, 9 de cada 10 homicidios en nuestro país no reciben castigo, según Human Rights Watch (2024). El caso más emblemático de impunidad lo representa Ayotzinapa; es inconcebible que vamos para tres administraciones y los responsables no han sido condenados. Un caso actual plagado de soberbia y cinismo es el del dueño de TV Azteca, Elektra y otras firmas, que enfrenta adeudos fiscales por más de 48 mil millones de pesos y… no pasa nada

Entre enero y septiembre de 2025, México registró un total de 253 incidentes de violencia política, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo periodo del año anterior. Estos eventos incluyeron 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con armas de fuego y otros actos de intimidación y agresión, pero, como seguro debe estar adivinando, no se le han fincado responsabilidades a nadie.

Un capítulo aparte en el marco de la impunidad lo representan los políticos intocables, esos que huelen a corrupción a mucha distancia y quienes –por alianzas, contubernios o información privilegiada– no son tocados ni por el pétalo de una rosa. Y esto no ocurre sólo a nivel nacional, pues en los estados no cantan mal las rancheras: en Coahuila, por ejemplo, están los casos de Carlos Gurrola y las agresiones contra docentes y, el caso de los casos, la megadeuda de Coahuila, que parece que a muchos ya se les olvidó.

Una cosa es clara en México: el que la hace no la paga. Para que se dé una idea: en 2024 se registraron 8 mil 776 denuncias por violencia de género, con pocos o ningún responsable. Ese mismo año se alcanzó un récord histórico de impunidad: sólo el 0.8 por ciento de los delitos denunciados ante el ministerio público llegaron a una resolución efectiva, ya sea mediante la recuperación de bienes, la consignación ante un juez, la reparación del daño o el otorgamiento del perdón. Ni qué decir del caso Odebrecht y el de Agronitrogenados o el tema del huachicol, entre tantos.

Y para dejarlo claro: según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, de cada 100 delitos ocurridos el año pasado, el 93.2 por ciento no fue denunciado ni investigado por las autoridades. Como se asentaba en el inicio de esta reflexión, la impunidad es un fenómeno complejo que afecta la confianza ciudadana en las instituciones, la operación de los gobiernos y la democracia. Esto debería ser el punto uno en el ideario y la agenda de la Presidenta. Es un tema de confiabilidad.

En Coahuila, exgobernadores, rectores, magistrados, servidores públicos, algunos empresarios y otros tantos personajes más, no han sido tocados por la autoridad, a sabiendas de que han incurrido en inconsistencias en contra del marco legal, dejando a la vista las complicidades, contubernios e intereses que existen entre un poder y otro, entre un ámbito y otro.

Lo mismo pasa a nivel federal, la falta de consecuencias legales, sociales o políticas para funcionarios públicos que cometen delitos o actos de corrupción (algunos que enfrentan procesos largos con cero imputabilidades legal) son tan evidentes, independientemente del color del partido que nos gobierne. Enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, tráfico de influencias, violaciones de derechos humanos, son el pan nuestro de cada día y… no pasa nada.

Si la reforma judicial tuvo como piedra de toque acabar con la corrupción y buscar justicia para todos –por temas de falta de autonomía–, en el futuro inmediato no deberían existir más pretextos para erradicar la impunidad y la corrupción en el país. Deben terminarse los procesos judiciales lentos o los contubernios políticos entre funcionarios de alto nivel que se amparan en fueros y alianzas para evitar el pago de penas, por una razón simple: la corrupción no es un acto aislado; es un patrón estructural donde se da una protección mutua entre quienes ostentan los poderes fácticos.

En otros sexenios se hablaba de la urgencia de transparencia y rendición de cuentas, al momento ambos valores de las democracias liberales siguen ausentes. Sin lugar a dudas, la falta de educación cívica y de transparencia perpetúa la tolerancia social a la corrupción.

Para terminar, como empezamos: ¿cómo podría aumentar su popularidad la Presidenta? Por supuesto, a partir del trabajo que realicen la Suprema Corte de Justicia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), haciendo que quienes vivimos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana seamos atendidos cuando se vulneren nuestros derechos y también cuando se requiera que se haga justicia en carne propia.

Si no lo hace así, seguirá en caída libre la desconfianza institucional (sistema judicial, partidos políticos y gobierno), el debilitamiento de la democracia (la falta de participación ciudadana), impacto en la economía (por todo lo que implica el desvío de recursos y el freno a la inversión pública y privada), y la violación constante a los derechos humanos. Todo esto está en juego, no sólo para la Presidenta y sus aspiraciones futuras, sino para el país.

Se requiere el fortalecimiento de las instituciones, de la transparencia y rendición de cuentas, de la cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía y, por tanto, de la participación ciudadana; de una educación cívica que fomente la cultura de la legalidad y el respeto al Estado de derecho. Así las cosas.

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