Impuestos: responsabilidad cívica frente al cinismo empresarial

Los impuestos no son solamente contribuciones obligatorias que las personas y las empresas deben pagar al Estado, sino que también cumplen funciones sociales porque sirven para financiar educación, salud, infraestructura, seguridad pública, programas sociales; permiten el crecimiento económico, reducen las desigualdades, brindan estabilidad a un país e incentivan otras actividades. Sin impuestos, el Estado no podría funcionar.

Por ejemplo, qué sería la Federación sin el ISR, el IVA, el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), el IGIE (Impuesto General de Importación y Exportación), el ISAN, el IDE o impuestos federales, como los trámites migratorios, los pasaportes, las licencias federales, entre otros.

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Y en ese mismo tenor, los estados sin el ISN (Impuesto sobre la nómina), el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, el impuesto sobre tenencia, el impuesto estatal sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; el impuesto a espectáculos públicos, el impuesto por adquisición de vehículos usados, o el impuesto sobre enajenación de inmuebles.

O ¿qué serían los municipios sin el impuesto predial, que año con año buscan gravar? O el impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), el impuesto sobre anuncios publicitarios, agua potable, alcantarillado, limpia y recolección de basura; licencias de funcionamiento, licencias de construcción, registro civil, estacionamientos públicos, mercados y panteones; que todos pagamos porque entran entre todo aquello que, por la naturaleza como ciudadanos, debemos pagar.

Es decir, cada ciudadano en el ámbito de sus intereses debe de colaborar con el Estado, por el hecho de vivir en él. Solo para que se dé una idea, según la OCDE y CEPAL, reportan que las empresas mexicanas que evaden el fisco superan el 4 por ciento del PIB.

En cuanto a profesionales y técnicos, Data México afirma que el 26.8 por ciento navega en la informalidad laboral, quienes más lo hacen son los médicos. ¿Se atiende con alguno que no le dan factura? INEGI (2023) afirma que el 64.3 por ciento de las empresas en nuestro país opera en la informalidad.

Lo que por estos días vemos en los diarios, en la televisión y en las redes sobre uno de los empresarios más visibilizados en el tema de los impuestos, probablemente sea la punta del iceberg del tema fiscal en nuestro país.

Ahora, no debe de impresionarnos el nivel de cinismo con el que se presenta, sino de la irresponsabilidad de la que hace gala constituyéndose en el prototipo del desacato a las autoridades no solo fiscales, sino federales.

Se habla aquí, no solo la antítesis de lo que significa no internalizar la importancia social, ética y de justicia que tiene el tema de los impuestos, sino de no entender que el pago de estos representa la forma como una sociedad concibe la justicia, la responsabilidad compartida y la solidaridad. Seguro que estos conceptos no forman parte del itinerario del discurso del empresario, pues en reportes del propio SAT, entre 2008 y 2018 no cumplió con sus obligaciones fiscales y tiene adeudos por cerca de 63 mil millones de pesos, aunque ahora se habla de que son 48 mil.

Uno de sus argumentos es que él como persona física no le debe nada al SAT o que “él quiere pagar, pero lo correcto” y lo otro, de lo que se agarran muchos mexicanos con respecto a que “el dinero recaudado de los impuestos” no se usa bien o los gobiernos lo utilizan para sus campañas.

Seguro que ha oído estas impertinencias dichas por gente cercana cuando se abordan estos temas.

¿Cuál es el mensaje? Primero, que el empresario –que es la quinta persona más rica del país y que posee aproximadamente 4.6 mil millones de dólares- cuestiona la legitimidad fiscal del SAT alegando cobros excesivos –pero no obteniendo ganancias excesivas; su fortuna ronda por los 84 mil 226 millones de pesos – generan desconfianza y ningunean a la autoridad fiscal. Otro punto es, la negociación de los adeudos que habla de que en la práctica existe una desigualdad fiscal, donde es evidente que los grandes tiburones pueden evadir o retrasar sus obligaciones.

Otro mensaje que se manda a la ciudadanía es que como empresario influyente, a diferencia de otros que no lo son tanto, usa su lugar social no sólo para cuestionar las deudas que ha adquirido y que por negligencia –claro que no es así en las tiendas de los abonos chiquitos, que no se tarde la gente porque se le va a la “n” la deuda y no hay piedad– no ha pagado, sino que cuestiona la forma como el Estado gasta los impuestos, convirtiéndose, como lo hemos visto, en “actor político”.

Lo controversial y penoso del caso es que ha mostrado intenciones de querer ser presidente de México.

Sin lugar a duda, casos como el que ahora se toman en este espacio refuerzan la demanda social de mayor transparencia y rendición de cuentas donde no haya distingos, pues detrás de los impuestos no solo existe una responsabilidad social, sino una responsabilidad cívica en relación con la comunidad política de la que somos parte. Vivimos en la polis –en la ciudad– , tenemos por lo tanto responsabilidades para con ella (Artículo 29 de la DUDH).

Los impuestos, por tanto, no pueden considerarse una carga legal, sino una corresponsabilidad con el Estado, y sobre todo, con los más necesitados. En palabras de Adela Cortina, pagar impuestos es parte del contrato moral –no solo social– que sostiene una democracia justa.

¿Esto lo entenderán los empresarios reacios o aquellos que le sacan la vuelta al pago de impuestos argumentando cualquier cantidad de falacias? Es importante que el Estado y los ciudadanos entendamos que la política fiscal no solo captura recursos, sino que también refleja una visión ética sobre cómo debe organizarse una sociedad justa, pues son herramientas para expandir –en boca de Amartya Sen– libertades reales, no solo ingresos estatales.

En este contexto, exigir a grandes contribuyentes que asuman de manera real su parte no es un acto punitivo, sino una reafirmación del contrato moral que sostiene la democracia. Los impuestos son una inversión ética en la vida común; y cuando una parte poderosa evade o dilata su contribución, se pone en riesgo no solo la recaudación, sino la legitimidad misma del Estado.

Así las cosas.