Impuesto saludable

La cúpula empresarial que por décadas presionó al Gobierno federal para contener los salarios y el poder adquisitivo, ahora se preocupa por el ingreso de los trabajadores. Sin embargo, no es el interés mayoritario el que defiende, sino a la poderosa industria refresquera tras la cual subyace la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

El año pasado en nuestro país murieron más de 305 mil personas a causa de tales afecciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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México lidera junto con Colombia el mercado de bebida azucaradas. Según el Censo Económico (Data México) en 2019 el sector registró ingresos por más de 317 mil millones de pesos. David Kershenobich, secretario de Salud, pide fijar la atención no solo en la cantidad de víctimas, sino también en su calidad de vida. El consumo inmoderado reduce la esperanza vital hasta en 10 años y condena a discapacidades por periodos similares debido a las complicaciones. El número de personas que reciben hemodiálisis aumentó de 20 mil, en 1993, a más de 100 mil en un lapso de 26 años.

El Gobierno federal inició en 2019 un programa de salud pública sin precedente, apoyado en los medios de comunicación y en las redes sociales, tendente a mejorar la dieta de los mexicanos.
El etiquetado frontal se estableció para alertar a la población sobre los riesgos de ingerir comida chatarra. Los fabricantes de ultraprocesados se opusieron y recurrieron al amparo para anular la norma. Sin embargo, la Corte la declaró constitucional. La obesidad y los hábitos poco saludables preocupan cada vez más en el mundo. Michelle Obama, esposa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso en marcha en 2010 el programa A moverse. La meta era ambiciosa: resolver el problema de la obesidad en el trascurso de una generación mediante el ejercicio y el consumo de más frutas y verduras. También se aconsejaba evitar los productos con altos contenidos de grasa y azúcar.

Los grupos económicos, que antes incidían en la decisiones del Congreso, perdieron influencia. El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aprobado ya por ambas cámaras, elevará en tres pesos por litro el precio de los jugos y refrescos. El Gobierno busca reducir 7% el consumo y recaudar 41 mil millones de pesos para programas de salud que incluyen: atención de alta especialidad, mayor cobertura de diálisis y apoyo a la cultura del trasplante de órganos.
La Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), paraguas de Coca Cola FEMSA, Arca Continental y GEPP Pepsico, advirtió que medida será «un duro golpe al bolsillo de las personas».

La preocupación es infundada, replicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Más de un millar de profesionales de la salud, pertenecientes a institutos nacionales, universidades, organizaciones y academias, sumaron su apoyo al denominado «impuesto saludable» en un desplegado. Incluso proponen elevarlo al menos un 20% en su precio final. En una lista de 77 países consumidores, México ocupa el lugar 52.

Significa que aquí los fabricantes de refrescos pagan menos al fisco. El colectivo apunta que
«más de 80 países han adoptado impuestos a bebidas azucaradas y que más de una decena de evaluaciones en (…) México, Chile, Sudáfrica y Reino Unido han demostrado que es una forma efectiva de lograr reducciones en las compras y su consumo» (Reforma, 13.09.25).