¿Guerra contra las drogas o una guerra por el control del mercado?

Durante décadas, el debate sobre el narcotráfico se ha contado desde una sola orilla. México aparece como el territorio de los cárteles, los capos, la violencia y la corrupción. Estados Unidos, en cambio, suele narrarse a sí mismo como víctima de un flujo de drogas que llega desde el sur.

Pero esa historia —tan cómoda como incompleta— ya no resiste el peso de la evidencia. La violencia que desgarra regiones enteras de México no puede entenderse sin mirar la estructura económica, legal y política que opera del otro lado de la frontera.

LEE MÁS DEL AUTOR JAIME MARTÍNEZ VELOZ

La corresponsabilidad estadounidense no es un gesto diplomático: es un hecho estructural.

Estados Unidos pone el mercado, los consumidores, el dinero y las armas.
México pone los territorios, los cuerpos y las consecuencias.

Esa es la ecuación que ha sostenido la economía del narcotráfico en América del Norte. El mayor mercado de drogas del mundo está al norte de la frontera. Ahí se consumen los volúmenes que hacen rentable el negocio.

Ahí se generan los miles de millones de dólares que regresan a México como combustible de la violencia. Ahí se produce y se vende, con controles mínimos, la mayoría de las armas que terminan en manos de las organizaciones criminales mexicanas.

Pero sería un error —y una irresponsabilidad— mirar solo hacia el norte.
La crisis también se ha agudizado por un fenómeno interno que México no ha logrado enfrentar con la profundidad necesaria: la penetración del crimen organizado en la vida política.

A lo largo de distintos gobiernos y momentos históricos, las organizaciones criminales han encontrado espacios para influir en campañas, financiar estructuras locales, cooptar autoridades y capturar territorios. Esa infiltración, que se expresa de manera distinta según la región y el ciclo político, ha debilitado instituciones, distorsionado procesos electorales y erosionado la confianza pública.

Cuando el Estado se fragmenta, cuando los gobiernos —municipales, estatales o federales— no logran contener la expansión criminal, cuando la política se vuelve permeable a intereses ilícitos, la violencia se multiplica. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que en los últimos años ha mostrado una presencia más visible y más agresiva en diversas regiones del país.

La combinación de mercados ilícitos transnacionales y estructuras políticas vulnerables crea un terreno fértil para que el crimen organizado se convierta en un actor que disputa poder, territorio y legitimidad.

Mientras esa estructura permanezca intacta, cualquier estrategia que se aplique solo en México será insuficiente. La corresponsabilidad no es un concepto retórico: es la condición básica para entender el problema y para imaginar una salida. Porque ningún país puede enfrentar solo una economía ilegal que se alimenta de un lado y se desangra del otro.

La llamada Guerra contra las Drogas —declarada en 1971— prometió reducir consumo, oferta y violencia. No logró ninguna de las tres. Lo que sí produjo fue un mercado más rentable, una economía criminal más sofisticada y una región más militarizada. Fue una política diseñada en Washington cuyos costos más altos se pagaron en México y Centroamérica.

Y frente a este panorama, surge una pregunta que no es retórica, sino histórica: ¿esta es realmente una Guerra contra las Drogas… o es una guerra por el control del mercado de las drogas? Las guerras del siglo XX —la Primera y la Segunda Guerra Mundial— duraron cuatro y seis años respectivamente. Tuvieron principio y fin, armisticios, tratados, vencedores y vencidos.

La llamada Guerra contra las Drogas, en cambio, lleva cincuenta y cinco años desde su declaración. Es la guerra más larga en la historia moderna de Estados Unidos y de México, y no muestra señales de concluir pronto. Una guerra que no termina no es una guerra que se está ganando: es una guerra que alguien necesita que continúe.

Porque si fuera una guerra para eliminar las drogas, el consumo habría disminuido, la oferta sería menor y la violencia estaría cediendo. Pero ha ocurrido lo contrario: el mercado creció, se diversificó y se volvió más rentable que nunca. La violencia no surge del combate a las drogas, sino del combate por las rentas que genera ese mercado.

Y mientras Estados Unidos siga poniendo el mercado, los consumidores, el dinero y las armas, y México siga poniendo los territorios, los cuerpos y las consecuencias, la guerra no tendrá final. No porque sea imposible ganarla, sino porque no está diseñada para terminar, sino para administrarse, reacomodar actores y preservar un equilibrio que beneficia a unos y destruye a otros.

La pregunta que surge es la que debería guiar el debate público: no si estamos ganando la guerra, sino a quién le conviene que siga existiendo. Porque solo cuando entendamos que esta no ha sido una guerra contra las drogas, sino una disputa por el control de un mercado multimillonario, podremos empezar a imaginar un camino distinto. Uno que no se base en la negación, la simulación o la violencia, sino en la verdad, la corresponsabilidad y la construcción de un futuro que no dependa de administrar una guerra eterna.

Una guerra que dura más de medio siglo no es una guerra que se perdió, es una guerra que se administra. Una guerra que se prolonga no es una guerra sin estrategia, es una guerra con demasiados intereses. Y mientras el mercado siga creciendo, mientras el dinero siga fluyendo, mientras las armas sigan cruzando la frontera y mientras la política mexicana siga siendo vulnerable a la infiltración criminal, esta guerra no tendrá final porque no conviene que lo tenga.

México ha pagado el costo más alto: generaciones enteras marcadas por la violencia, territorios fracturados, comunidades enteras sometidas. Estados Unidos, en cambio, ha pagado el costo más bajo: un discurso moralista que no toca ni su mercado, ni su industria armamentista, ni su sistema financiero. Esa asimetría no es un accidente: es el diseño del sistema.

Por eso la pregunta ya no es si esta guerra puede ganarse, sino quién gana con que siga existiendo. Porque cuando un conflicto se vuelve más rentable que la paz, la paz deja de ser una opción. Y mientras no se rompa esa ecuación —mientras Estados Unidos siga poniendo el mercado y México siga poniendo los muertos— esta no será una guerra contra las drogas, sino una guerra por el control del negocio.

La pregunta final es la más brutal de todas: ¿qué pasaría si un día dejara de ser negocio? Ese día, y solo ese día, la guerra terminaría.

Hasta entonces, seguiremos atrapados en una guerra eterna que no combate las drogas: protege el mercado.